Make your own free website on Tripod.com
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
   
 


Gonzalo Aguirre Beltrán s/n
Lomas del Estadio, Zona Universitaria
Xalapa, Ver., México.

 

 

[ninguna1] EL NEOLIBERALISMO O EL DEBATE POR LA SOCIEDAD

 

 

 

2.0. La economía substitutiva de importaciones

 

La segunda guerra mundial creó las condiciones necesarias para facilitar el fomento industrial de México, debido a que los países desarrollados estaban ocupados en producir armas. El cierre de los mercados europeos y la desviación de los esfuerzos productivos de la industria estadounidense hacia los requerimientos bélicos, le allanaron a México el camino para su expansión.

 

En efecto, el cierre de las fronteras ciertamente configuraba niveles de rentabilidad suficientes para avanzar en el proceso de industrialización por medio de la sustitución de importaciones. El auge fue tal, que por ejemplo en 1946, la inversión industrial fue 5 veces mayor que la registrada en 1939. Con la terminación del conflicto y con la consecuente expansión del dominio norteamericano en la economía mundial, el proceso se revirtió, pues la recomposición del aparato productivo norteamericano y los reajustes de la posguerra, que se tradujeron en una disminución de la demanda internacional de materias primas, generaron efectos notablemente depresores en la economía mexicana, lo que la colocó en una posición altamente vulnerable en tanto que sólo había propiciado un aparato productivo orientado exclusivamente a la exportación de productos primarios. Por otra parte, la demanda que los países subdesarrollados habían logrado cultivar en su favor, de pronto se dirigió a los Estados Unidos, lo cual desestimuló su crecimiento industrial y contribuyó a incrementar el déficit comercial externo. México no fue la excepción.

 

       En consecuencia, el Estado mexicano se vio en la necesidad de tener una cada vez mayor injerencia en las estrategias del desarrollo, ante las insuficiencias del sector industrial y el bajo crecimiento del empleo, además de que de esa manera legitimaba su posición de «Estado fuerte» y conductor del proyecto revolucionario. Así, para incentivar el crecimiento de la industria, entre otras medidas, el gobierno federal tomó las siguientes:

 

·       La creación de bancos de fomento (Nafinsa entre otros) para impulsar el desarrollo industrial.

·       Un mayor establecimiento de empresas públicas en sectores estratégicos y en aquellas industrias cuyos altos requerimientos de capital y bajas condiciones de rentabilidad desestimulaban la inversión privada.

·       El establecimiento de una política de precios de garantía de los productos agrícolas, dirigida a configurar bajos costos de materias primas y de fuerza de trabajo.

·       La aplicación de políticas de subsidios y exenciones fiscales a determinados sectores.

·       La utilización de una política salarial restrictiva que va de 1938 a mediados de los años cincuenta, la cual pasa a ocupar un papel importante en los niveles de rentabilidad que impulsaron el proceso de industrialización.[1]

 

El Estado nacional incrementó su gasto, en función del objetivo de asumir efectivamente su papel de impulsor y promotor del desarrollo, de conformidad con los ideales de la Revolución de 1910 y seguramente asumiendo los dictados del concepto emergente de la Hacienda pública moderna, inspirada a su vez en los preceptos del Estado «administrador de la demanda», para alcanzar un cierto nivel de empleo, y del Estado «Benefactor», para contribuir a una redistribución del ingreso. La orientación de este gasto se dio hacia la creación de obras de infraestructura económica y social, y al desarrollo de los sectores estratégicos. A partir de los años cuarenta, tienen una participación creciente las inversiones públicas destinadas al sector industrial (grandes obras hidráulicas e inversiones agrícolas). Sin embargo, los gastos públicos no iban acompañados de una política de ingresos capaz de financiarlos, creando con ello una disfunción en las finanzas públicas, alejándolas de la inspiración doctrinal francesa.

 

En efecto, la política de ingresos públicos en México, a la fecha, se ha caracterizado por una baja captación tributaria, en parte por una deficiente capacidad de fiscalización del Estado, y en otra, debido a el bajo potencial de ingreso de la población; este fenómeno ha determinado un significativo rezago respecto de sus requerimientos financieros, mismos que en los tiempos actuales de economía de mercado, de paradigma neoliberal, se han acentuado por la gran crisis fiscal que significa el tener atada toda una economía a los precios y a los ingresos del petróleo. Estas condiciones de operación de las finanzas públicas, le configuraron al país serios déficits presupuestales, mismos que al aumentar la demanda, generaron condiciones de rentabilidad y de crecimiento para el sector privado, aún mayores que las que hubieran sido posibles en condiciones de equilibrio fiscal. Otras condiciones que acompañaron el proceso de crecimiento en los años sesenta son las propiamente productivas. En efecto, el sector industrial manufacturero ofrecía una amplia frontera de inversiones rentables a raíz del holgado proceso de diversificación de la producción, derivado del avance tecnológico de los países desarrollados e incrustado por las empresas transnacionales. Aquí, es preciso destacar que la dinámica manufacturera se da más por este proceso, que por el modelo de la sustitución de importaciones, el cual se dio más en los años cincuenta que en los sesenta. Cabe recordar, por otra parte, que el crecimiento con inflación que se produce de 1939 a fines de los años cincuenta, se explica en gran medida por la incapacidad de las condiciones productivas internas, tanto para configurar altos niveles de rentabilidad (con estabilidad de precios) como para hacer frente al aumento de demanda, derivado de un mayor gasto público.

 

       Otras condiciones, en este sentido, son las financieras. Evidentemente, los excedentes financieros fueron el resultado de las condiciones de crecimiento, tanto de la productividad, como de la producción, además de que se configuró una buena estabilidad de las variables monetarias. Estos excedentes de recursos propiciaron un crecimiento del sector financiero, el cual contribuyó al financiamiento del sector público y del privado a muy bajo costo. Por ejemplo:

 

“…de 1960 a 1979, el financiamiento concedido por el sector bancario creció, en términos reales, en 13.2% promedio anual. Este proceso favoreció más al sector público que al privado, ya que el financiamiento otorgado al primero creció 19.5% promedio anual, y el dado al otro sólo lo hizo 11.8%.[2]

 

Esto es una evidencia que comprueba de qué manera el sector financiero dependió, en su tamaño y dinámica de crecimiento, del comportamiento de la economía en su conjunto. En los tiempos actuales de economía de mercado, el sector financiero obedece, en cambio, a la racionalidad de la especulación, alimentada por la apertura comercial y por la globalización de los mercados.

 

 

2.0.1 La intervención del Estado en la economía

 

El sector industrial y sobre todo las ramas manufactureras más dinámicas, son las que han ejercido mayor presión para determinar la ubicación de la inversión pública y de la política económica en general a su favor. En tal sentido, es de destacarse  algo peculiar en el caso mexicano, dado por el hecho de que la estructura de la inversión pública privilegió al sector industrial en detrimento del sector agrícola, lo que generó condiciones de pobreza y marginación en ese sector, creando también las bases para la futura desmantelación del aparato productivo agrícola.[3] Aparece ya la política de protección del mercado interno, así como la política económica que privilegia, en gran medida, las necesidades de industrialización y crecimiento, lo cual contribuyó a configurar las características que ha asumido el sector industrial mexicano, caracterizado por su adhesión a la tutela gubernamental. Sin embargo, lo que realmente el gobierno se había planteado era alcanzar el objetivo de industrializar al país a toda costa, y sobre todo, de permitir y estimular que dicho proceso de industrialización fuera comandado por el sector privado de la economía. Sin embargo, en tal aventura, el Estado desconsideró algunos aspectos importantes, entre los cuales destacan cuando menos cinco:

 

1.    Las características que el proceso asumiría en lo referente a la estructura productiva.

2.    Los grados de integración ínter e intra sectoriales.

3.    Los grados de vinculación tecnológica y comercial con el exterior.

4.    Los niveles de generación del empleo.

5.    La satisfacción de las necesidades mínimas de vida de la mayoría de la población, entre otras cosas.

 

Otras características del proceso de industrialización fueron las siguientes:

 

·      La asociación con el auge de las economías capitalistas desarrolladas de la posguerra.

·      El crecimiento de estas economías provocó la internacionalización del capital, tanto por la vía de las empresas transnacionales como por la exportación de mercancías y de capital financiero.

·      Por lo tanto, el proceso de industrialización de México quedó fusionado a los crecientes niveles de penetración de los capitales transnacionales.

·      Lo anterior, dispuso a la economía mexicana a una creciente articulación con los países capitalistas desarrollados, lo cual anuló los esfuerzos de integración nacional.

·      La dinámica de acumulación del capital predominó en la industria manufacturera, obligando al capital nacional a importar tecnología en forma creciente para renovar la planta industrial y poder permanecer en el mercado.

·      La tasa de ganancia y la sobrevivencia del capitalista, llevaron a la economía nacional a una integración tecnológica respecto de las economías capitalistas desarrolladas; es decir, al ocupar un papel determinante el factor rentista, se descuidaron aspectos tales como la integración interna (muy escasa), la insuficiente generación del empleo y el impacto sobre el sector externo. Estos son problemas claramente resultantes de la lógica de comportamiento de los capitalismos dependientes.[4]

 

En síntesis, la dinámica de industrialización del país estuvo condicionada por la oferta tecnológica existente en los países capitalistas desarrollados, la cual tiene características que atentan contra la mejor utilización de los recursos internos”.[5] Son estos los tiempos de apogeo de la educación superior técnica, pues el Estado reconoce la necesidad de que los sectores industriales cuenten con recursos humanos altamente capacitados para hacer frente al despunte de la economía. En consecuencia, la inversión del Estado en la educación superior se ve acrecentada, sobre todo con la fundación del Instituto Politécnico Nacional y la apertura de las licenciaturas del área económica administrativa en la UNAM. Paradójicamente, hoy y de cara a la creciente competitividad que representan los mercados internacionales, y en el marco de una economía guiada por criterios de libre mercado, el Estado, lejos de contribuir a la expansión de la educación superior, se retira aduciendo que no es ya totalmente suya la responsabilidad de financiar a las instituciones de educación superior, creando con ello nuevas condiciones de dependencia en capital humano y social, que ciertamente colocan a la sociedad mexicana en desventajosas condiciones que, de hecho, le cancelan a sus integrantes oportunidades de acceso a los mercados laborales emergentes y a mejores condiciones de vida.

 

       Además del punto anterior, relacionado con la inversión en capital humano y social, el proceso de industrialización del país presenta graves contradicciones. Algunas de las más importantes se reportan en la forma siguiente:

 

a)    El proceso de crecimiento industrial del país promovió una escasa integración del sector industrial con el resto de la economía, y simultáneamente al interior del sector, entre una rama industrial y otra. Esto incrementó notablemente los desequilibrios de la actividad productiva y se marginó la utilización y el desarrollo de procesos de fabricación más adecuados a la dotación de recursos existentes internamente. Lo anterior provocó, a su vez, una utilización irracional de recursos desde la perspectiva de un desarrollo más autónomo y equilibrado.

b)    Déficits comerciales externos crecientes. Esta forma de crecimiento se tradujo en mayores déficits del sector externo, debido tanto al acelerado crecimiento de las importaciones para alimentar las tecnologías en uso, como a la incapacidad productiva y competitiva para generar las divisas necesarias para financiar dichas importaciones. Así, las ramas más dinámicas fueron las que más contribuyeron a la generación de los déficits comerciales externos, propiciando un ahondamiento en los desequilibrios de las finanzas públicas, pues fue necesario acudir a endeudamiento para financiar dichos déficits.

c)    Durante la primera parte de los años sesenta, se observa una disminución del crecimiento de la productividad y de los volúmenes de producción industrial, lo que se encuentra relacionado con las crisis de las economías industrializadas, especialmente con la norteamericana, dada la gran dependencia tecnológica a la que está sujeto el desarrollo industrial del país. Ya para inicios de los setenta, se observa una contracción de la inversión privada y una disminución en la incorporación de tecnologías altamente productivas. Además, inciden en ello los altos niveles de capacidad ociosa que se presentan en ciertas industrias ante problemas de realización de sus productos.

d)    Ante la imposibilidad de los capitalistas por mantener altos ritmos de acumulación, merced a la actividad industrial contraída, deciden aumentar sus precios para mantener sus tasas de ganancia, rompiendo así la estabilidad de precios que se había alcanzado en la década anterior. La inflación así generada repercutió en el sector financiero y en la balanza de pagos.

e)    Hay que destacar la diferencia entre la capacidad productiva y el mercado, acentuada por la concentración del ingreso que provoca un comportamiento irregular de la demanda, debido a que se margina al grueso de la población “de los frutos del progreso técnico”.

f)     Se observan ya serias dificultades para avanzar en la sustitución de importaciones, que durante los sesenta había logrado una reducción en el coeficiente de importación. Pero esto exigía que la industria interna acelerara su ritmo de expansión, imponiéndole al resto de la industria una mayor internacionalización de procesos productivos, debido a que la relación interindustrial “exige que las ramas ligadas a ella internamente, incorporen métodos de producción capaces de responder a sus requerimientos”.[6] Pero las mayores necesidades de importaciones que requería la dinámica industrial mexicana no fueron cubiertas con sus propias exportaciones, debido a las deficiencias y carencias productivas internas. ¿Qué sectores lo hicieron? Básicamente hay que destacar el papel del sector agrícola y del sector del turismo.

g)    Encontramos también fuertes contradicciones entre el déficit público y el endeudamiento externo. Las modalidades asumidas por la política fiscal han estado asociadas a las exigencias de la dinámica económica del país. La política de gasto público, por ejemplo, creció dirigidamente a crear obras de infraestructura en apoyo de sectores estratégicos. Esto se acompañó de políticas de subsidio y de mecanismos de transferencia a ciertos sectores y ramas productivas para impulsar su desarrollo. Además, los gastos de bienestar social, que favorecieron a ciertas capas de la población a efecto de mitigar los problemas sociales emanados de la dinámica económica, no fueron sino meros instrumentos aislados y ausentes de una auténtica política social. Así, en la medida en que la dinámica económica no generaba condiciones productivas y financieras, así como una demanda capaz de configurar niveles de rentabilidad óptimos para propiciar y permitir el crecimiento endógeno en forma sostenida, se tuvo que recurrir al déficit público creciente para contrarrestar las contradicciones del sistema.

 

Resulta claro que una economía no puede crecer, de modo permanente, con base en políticas de déficit público y con altos niveles de endeudamiento externo, los cuales a su vez se generan para crear las condiciones necesarias para estimular la demanda y obtener así los recursos requeridos para financiar el déficit del sector externo. Así, el déficit público y el endeudamiento externo, solo contribuyen a reproducir las prácticas de funcionamiento existentes y no contribuyen sino a agudizar las contradicciones del sistema.[7] Por otro lado, la dinámica económica que impulsan el déficit público y el endeudamiento externo, repercute en mayor déficit del sector externo (lo que a su vez impacta en mayor endeudamiento externo) y en inflación, tanto por la creciente carga del pago del servicio de la deuda externa como por el alto coeficiente importado de la producción y, además, por la insuficiente capacidad productiva interna para satisfacer la demanda adicional generada.”[8] Se produjo así un círculo vicioso, cuyas consecuencias fueron desastrosas para la economía, las finanzas públicas y el nivel y la calidad de vida de la población.

 

       Muchos factores de incidencia económica condujeron al agotamiento del modelo substitutivo de importaciones; en todo caso, es un hecho que al inicio de la década de los setenta, empiezan a manifestarse los primeros síntomas de agotamiento del modelo global de desarrollo implantado desde tres décadas atrás. Tales síntomas, por ejemplo, se hacen evidentes cuando se registran los datos comportamentales del PIB, el cual durante los setenta creció anualmente a una tasa del 7%, mientras que en los ochenta lo hizo al 5%. Por otra parte, el carácter asumido por el desarrollo industrial, apoyado en diversas formas por el Estado, favoreció el proceso de monopolización, generó además fuertes desequilibrios estructurales y serias deformaciones en el mercado interno, así como en los patrones de consumo, asociados siempre a una alta polarización del ingreso. Las presiones inflacionarias agudizaron estas dinámicas de la economía y modifican los precios en favor de la industria, en tanto el crecimiento del mercado interno sufrió rezagos aún más graves. Bajo estos escenarios reales, las decisiones de inversión se pospusieron y la creación y ampliación de nuevas plantas productivas se cancelaron. Durante estos años, el diseño de la política industrial quiso romper estos cuellos de botella tratando de promover la producción de bienes intermedios y de capital, readecuando el sector paraestatal y redefiniendo las prioridades en la política de comercio exterior, ya por el lado de las promociones arancelarias o ya por el de la política fiscal; también se acudió al expediente de descentralizar las actividad industrial y de reglamentar la inversión extranjera.

 

       Sin embargo, estos esfuerzos no cumplieron con las expectativas gubernamentales. El agotamiento del modelo industrial, que fue la base esencial del esquema substitutivo de las importaciones, empezó a hacerse evidente desde los primeros años de la década de los setenta. Las diversas ramas de la industria perdieron dinamismo en su comportamiento económico; por ejemplo, la rama manufacturera, que había crecido a un ritmo promedio anual de 8.4% entre 1960 y 1970, se contrajo abruptamente a 5.2% durante al menos los 7 años siguientes. Más grave fue el comportamiento de las siguientes ramas industriales, cuyas tasas de crecimiento anual decrecen en la siguiente forma:

 

Productos metálicos, de 14% a 6%

Metales, de 9% a 1,4%

Eléctricos, de 12.8 a 7.5%

Vehículos, de 12.6% a 8.6%[9]

 

Para Arturo Huerta, “la continuidad en el patrón de industrialización implementado (sic) desde varias décadas atrás era frenada por las múltiples contradicciones generadas en su propio desarrollo. Por un lado, se mostraba ya con claridad la estrechez estructural del mercado interno, así como las fuentes de financiamiento de la política substitutiva de importaciones”.[10]  Agrega el autor:

 

 “…una industrialización sesgada desde su origen por un patrón de consumo orientado a satisfacer las necesidades de las capas altas y medias de la población, dependiente tecnológicamente del exterior, incapaz de generar posibilidades de expansión de sus propios mercados y que por décadas se mantuvo bajo la tutela de las política fiscal y de comercio exterior, se encontraba necesariamente inmersa en el círculo vicioso de sus propios sesgos estructurales.”[11]

 

Por otra parte, se precisa señalar que la rigidez del aparato productivo en relación a las importaciones y la fuerte dependencia estructural de la economía mexicana con respecto al exterior, se evidencia con el comportamiento de la balanza de pagos. Cada vez que la tasa de crecimiento de la economía sobrepasaba el 6% anual, el déficit se acentuaba más que proporcionalmente. Por ejemplo, en 1964 el PIB fue de 11.7 y el déficit se duplicó con respecto a 1963; en 1968, el PIB fue de 8.1 y el déficit se duplicó con respecto a 1965 y 1966.

 

       Tras la escasa entrada de dólares a la economía, el mecanismo con el que se pudo financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, fue la inversión extranjera directa y la contratación de préstamos. De manera que el uso del ahorro externo substituyó, en principio al ahorro nacional, siempre insuficiente, y en segundo lugar, suplantó la insuficiente generación de divisas; finalmente, el uso de la deuda externa se constituyó en el dispositivo preferido, y en todo caso el más expedito, para financiar el gasto público, lo que demuestra que, desde entonces, la política fiscal propiamente dicha, se perfilaba como insuficiente para financiar las necesidades del Estado.[12] En suma, el rápido crecimiento de las importaciones y el relativamente lento desenvolvimiento de las exportaciones, causaron un permanente desequilibrio externo, que al paso de los años llegó a ser el principal obstáculo del crecimiento económico de los años por venir. 

 

 

2.0.2. El fin del Estado Interventor

 

La evidente crisis que la economía mexicana expresó a partir del denominado «agotamiento» del modelo substitutivo de importaciones, hizo igualmente insostenible el esquema de política económica que el Estado nacional revolucionario implantó para concretar su proyecto social, inspirado en el movimiento revolucionario de 1910. El Estado Benefactor, supuesto o real, populista o social, tuvo que ser duramente cuestionado y gradualmente redefinido. Los años comprendidos entre 1977 y 1982, son los años de la recuperación de los estragos vividos y también los años de la recuperación coyuntural. Pero también representan el fin del Estado interventor, la conclusión de un modelo de Estado social, cuya política económica se enfrentó a condiciones reales que le impidieron, bajo el perfil adoptado, avanzar en el proyecto de nación prohijado. En consecuencia, el paradigma de Hacienda pública que implicó, también fue gradualmente modificado.

 

       En efecto, durante 1977, la política económica estuvo orientada básicamente a paliar las condiciones de la «recesión con inflación» y, por otro lado, a diseñar la estrategia de recuperación, que se centró coyunturalmente en la dinámica internacional de los precios del petróleo, con lo cual el país fue colocado en la órbita de las eventualidades y con ella, su destino económico. Por supuesto, el bienestar de la sociedad fue igualmente apostado al futuro comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos. Sin embargo, la vinculación de la economía mexicana al petróleo no era, de ninguna manera, una novedad, pues dos años antes, en 1975, la industria petrolera participaba ya con el 50% de la inversión programada del sector público y para el periodo comprendido entre 1979 y 1982, la participación de los ingresos petroleros ascendía a 63%.[13] En el ámbito de las finanzas públicas, aparecían escenarios que le configuraban al Estado cierta “tranquilidad”, pues el presupuesto público parecía complacientemente descansar en la holgura de los ingresos aportados por PEMEX. Por ejemplo, la política de gasto público del gobierno federal, durante este periodo, estuvo sensiblemente asociada a los indicadores de las reservas probadas de hidrocarburos. Así, mientras estas reservas de crudo, en 1970, registraban 5.5 miles de millones de barriles, para 1977, las reservas se habían prácticamente triplicado, alcanzado un nivel de 16 miles de millones de barriles. En 1981, las reservas se estimaban en 72 miles de millones de barriles. Esta bonanza petrolera, aunada a los precios en alza del crudo, llevaron al gobierno a estacionar la estrategia de recuperación en “la administración de la abundancia”, según palabras del entonces presidente José López Portillo.

 

       El impulso del nuevo arquetipo de industrialización, requirió que el Estado, todavía nacionalista y revolucionario[14], recurriera a enormes montos de inversión cuyas proporciones se indican con el dato siguiente: en sólo cuatro años, entre 1978 y 1981, la tasa anual de crecimiento de la inversión pública fue del 24%, porcentaje que es el doble de la inversión ocurrida durante los años 1970-1978. Es decir, en cuatro años, la inversión fue el doble de lo que se dio en ocho. Como resulta evidente, el impulso petrolero movió a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Los siguientes datos, muestran el comportamiento de ésta:

 

Entre 1971 y 1977, la inversión privada nacional creció en un 11.3%

Entre 1978 y 1981, aumentó al 39.5%

Si se considera la inversión extranjera, esta creció, en los mismos periodos, de 9.5% a 58.4%

Así, la inversión total, entre 1978 y 1981, creció el 40% anual.[15]

 

Asimismo, entre 1977 y 1981, las tasas de crecimiento del PIB, sujetas por supuesto a la dinámica petrolera, fueron del orden del 8%, promedio anual. En el sector no petrolero, las tasas fueron similares. El sector menos privilegiado por el empuje petrolero fue, como siempre, el agropecuario, el cual en lugar de crecer, decreció, pues del 6% durante 1978, se contrajo al 3% durante 1979. En 1980 observó una recuperación del orden de 7.2%, de modo tal que la tasa promedio durante el periodo fue de 4.1% anual.[16]

 

       Por su parte, el sector industrial de la economía observó una tendencia promedio global muy similar a la del conjunto de la economía, o sea, a la del PIB. Fue en los denominados «bienes de inversión» en dónde se registraron los más elevados crecimientos: en 1978 crecieron el 23%; y durante el periodo la tasa de crecimiento de estos bienes de inversión fue del 15.6%. Por su parte, los «bienes de consumo duraderos» crecieron al ritmo de 14%. El sector de la construcción, que es uno de los más sensibles a las variaciones de los ciclos económicos, entre 1977 y 1981, creció a tasas promedio anuales superiores al 12%.[17] El mercado interno, por fin, encontraba los espacios que favorecían su crecimiento.

 

       Para muchos analistas del comportamiento económico nacional, lo ocurrido durante los años 1977-1982, no es nada más un boom petrolero, sino también un boom industrial, ciertamente sujeto y articulado a la dinámica del crudo. El hecho es que este fenómeno contribuyó a reforzar las tendencias estructurales de la balanza comercial, pues la recuperación económica que aquí se relata estuvo dramáticamente ligada a fuertes importaciones de bienes de capital. El déficit de esta balanza pasó de 1,054.7 millones de dólares en 1977 a 4,510 millones de dólares en 1981, independientemente de que las exportaciones de PEMEX pasaron de 1,031.1 millones de dólares en 1977 (22% de total), a 13,305.3 millones de dólares en 1981, que representan el 74% de las exportaciones totales de la economía.[18]

 

       Sin embargo, aquí la nota triste es el agravamiento del déficit de la balanza comercial y otra más: el nuevo proyecto de industrialización articulado al petróleo devino en un crítico y acentuado endeudamiento externo. Por ejemplo, el saldo histórico de la deuda pública mexicana en 1976, era de 15,338.2 millones de dólares; para 1980 esta cifra se duplicó y en 1981, con un crecimiento próximo al 50%, alcanzó la cifra de 43,893.4 millones de dólares. La deuda del sector privado, por su parte, se movió de 4,463.7 millones de dólares en 1976 a 17,334.7 millones de dólares en 1981.[19]

 

       Desde este momento la deuda externa deviene en un problema medular y mayúsculo, al grado que se convierte en una barrera, en un serio obstáculo al crecimiento económico de México y en un dramático acicate a su soberanía nacional; la deuda externa constituye, sin duda, una verdadera lacra que marcó el destino nacional durante poco más de una década y que significó una permanente sangría de recursos que debilitó las finanzas públicas del país, haciendo de los presupuestos financieros de esta época, llamada no sin razón la «década perdida», verdaderos instrumentos para servir a los acreedores y para despojar a la sociedad de los beneficios y de la infraestructura que canceló el futuro de millones de mexicanos,  dejando a la sociedad mexicana en condiciones de rezago, pobreza y marginación que, con el retiro del Estado de la actividad económica y el advenimiento de las medidas neoliberales, devinieron en condiciones de miseria.

 

 

 

 

 

2.1. La emergencia del neoliberalismo

 

A finales de la década de los setenta, como quedó establecido en el punto anterior, la capacidad del Estado mexicano para sostener el ritmo de crecimiento económico del país, de cara a la crisis económica mundial y dentro del marco de sus propias contradicciones, fue duramente cuestionada. ¿Podía el Estado hacer frente a la nueva situación, caracterizada por el excesivo endeudamiento de los países en desarrollo? Esta pregunta no sólo fue hecha por los países en crisis, sino también por el mundo desarrollado, ya que es éste, en todo caso, el exclusivo acreedor de las naciones subdesarrolladas.

 

       La crisis de referencia no fue solamente una crisis económica per se, sino que también fue una crisis de regulación, puesto que los instrumentos tradicionales puestos en manos del Estado, mostraron de pronto una emergente incapacidad para frenar la profundización de la recesión económica y ofrecer, además, estabilidad y confianza al proceso de acumulación del capital. La «regulación», al decir de Alonso Aguilar, no se refiere únicamente al empleo de “ciertos instrumentos o de determinadas políticas, sino al mecanismo de operación de las leyes económicas y la relación entre ambos, y en un sentido más profundo, el sistema conforme al cual el capitalismo intenta asegurar la continuidad del proceso de acumulación del capital en cada etapa de su desarrollo”.[20] A finales de la década en cuestión, la teoría económica se encuentra girando en torno al desarrollo de posturas críticas que cuestionan la vigencia de los modelos económicos asociados o derivados de la teoría keynesiana, que defiende la postura de que una estrategia económica emitida por el Estado es un agente activador de la actividad económica de la sociedad. En contraposición con esta postura, esta la sugestión de otorgar a los particulares la iniciativa de que sean ellos, y no el Estado, los actores promotores del crecimiento de la economía y del equilibrio económico. Esto implica transitar del empleo de esquemas de planificación inductiva centralizada y del uso del gasto público como elemento acelerador de la demanda, al pleno funcionamiento del mercado, como mecanismo optimizador de las funciones de asignación y distribución de los recursos productivos de la sociedad. De esta manera, el así denominado neoliberalismo, entra en sustitución del keynesianismo, en todas sus formas y modalidades. Sin embargo, el modelo neoliberal no es originario de los setentas, sino que nace como una propuesta “teórica” justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por una virulenta reacción, tanto política como económica y financiera, en contra del Estado Benefactor, por naturaleza intervencionista.

 

Sostiene Ornelas Delgado, que “su texto de origen, escrito por Friederick A. Hayek y publicado en 1944, se titula «Camino a la servidumbre»” y que en él, el autor “hace severas críticas tanto al fascismo como al socialismo, identificándolos y convirtiéndolos en los enemigos de la libertad individual”.[21] Hacia 1947, conocidas y extendidas las ideas de Hayek, pero aún con escasa aceptación, convoca éste a una reunión en la ciudad de Mont Pélerin, Suiza. Esta convocatoria, al decir de Perry Anderson, es asistida exitosamente, pues acuden, entre otros, Milton Friedman, Karl Poper, Lionel Robins, Ludwig Von Mises, Walter Lippman y Salvador de Madariaga.[22] De esta reunión surge la «Sociedad de Mont Pélerin», la cual es una suerte de “francmasonería” neoliberal, altamente dedicada y organizada y con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito es combatir al keynesianismo y al solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo duro y (sobre todo) libre de reglas para el futuro.”[23]

 

       El trabajo de esta «sociedad» fue arduo, ya que el capitalismo internacional entraba en una fase larga de auge sin precedentes. Las décadas de los cincuenta y los sesenta, presentan el crecimiento más rápido de la historia capitalista, y era natural que los presagios neoliberales, acerca de los riesgos que representaba el intervencionismo estatal, no fueran recibidos con la alarma ni con la verosimilitud de sus promotores, agremiados en la citada Sociedad de Mont Pélerin. De esta manera, no es sino hasta la crisis del ciclo capitalista, que ocurre a finales de los sesenta y que se consolida en la década siguiente, cuando el modelo keynesiano estatista se vio sometido a una severa crítica. El mundo capitalista desarrollado, surgido en la posguerra, entró en una larga y profunda recesión, combinando por primera vez bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación. Hayek y sus seguidores sostenían tesis como las siguientes:

 

 “Las raíces de la crisis estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que habían socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reinvindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales”.[24]

 

De frente a esta premisa, lo que se deduce es que debe sobrevenir una modernización del Estado, toda vez que las políticas benefactoras, al decir de Hayek, Friedman y compañía, generaron un sistema asistencialista costoso y sobre todo despilfarrador de los recursos fiscales, un sistema que los tecnoburócratas mexicanos no han dudado en llamar “populista”. Si esta proposición es aceptada, entonces resulta claro que un Estado moderno, al decir de Guerrero, sería aquél que asumiera la modernización como uno de los procesos de cambio en torno a una diversidad de “transformaciones, que han encarnado en medidas gubernativas tales como la privatización, la des-regulación y la liberalización (de los mercados)”.[25] La modernización, o la “política moderna”, en palabras del expresidente Carlos Salinas de Gortari, implicaría una solución a la crisis y por lo tanto un remedio general y efectivo a los grandes males de la época actual.

 

       Dicho de otra manera, el neoliberalismo puso en duda el manejo del Estado asistencial o benefactor (Welfare State), denunciándolo como oneroso, centralista e ineficiente y al mismo tiempo responsable del estancamiento económico, así como desestabilizador de las tendencias igualitarias que originalmente planteaba. La intervención estatal tuvo un peso desproporcionado en la economía, haciendo que las decisiones perdieran racionalidad en virtud de los acuerdos políticos que alteraban el funcionamiento del mercado y de la propia gestión gubernamental. Adicionalmente, en México, las políticas intervencionistas adquirieron un fuerte status populista y clientelar, que mantuvo fuertes privilegios en una clase política que se colocó en el poder merced a ello y que, además, propició esquemas de corrupción política y financiera de magnitudes colosales. Sin embargo, el «Estado Benefactor» no es, por sí mismo, la condición necesaria para generar las disfuncionalidades del mercado, pues existen sobradas evidencias empíricas, suficientemente probadas, que demuestran que un Estado así bien puede contribuir al crecimiento y al bienestar económico de la población. Tal es el caso, por ejemplo, de Francia, en donde cerca del 47% del empleo es generado por el sector público, o sea, por el Estado.

 

       Pero, claramente, en el orden de la teoría y frente a la crisis que se desarrollaba con gran rapidez, la intervención estatal en la economía empezó a perder legitimidad, obligando a la búsqueda de nuevos paradigmas, en algunos casos para su inmediata aplicación y en aras de superar las dificultades económicas y también como una respuesta ideológica y emergente, al mismo tiempo que triunfalista, al estatismo y al socialismo real, cuya declinación parecía inminente, sobre todo a partir de las grandes contradicciones que florecían en los países de la esfera soviética. El neoliberalismo fue, así, el paradigma y la respuesta anhelada.

 

       Informa Ornelas[26], que los primeros ensayos neoliberales se produjeron en Chile después de 1973; en Uruguay, después de 1974 y en Argentina, a partir de 1976. Un dato característico de estos casos es que, en todos ellos, los ensayos fueron acometidos por dictaduras militares autoritarias y con muy diversos resultados.[27] En Argentina los resultados aparecen como desastrosos, en Chile, en cambio, los resultados fueron exitosos. Empero, la generalización de las políticas neoliberales, en América Latina y en buena parte de los países desarrollados de Europa, no se da sino hasta la década de los ochenta. El hecho de que hayan sido gobiernos castrenses los impulsores del neoliberalismo en Latinoamérica, deja entrever que el éxito del modelo exige un Estado fuerte en lo político, de modo que sea capaz de lograr, al menos, tres fines:

 

1.    Crear la estructura idónea para su implantación,

2.    impulsar con firmeza la planificación necesaria y,

3.    contener, por medio de la fuerza, los movimientos sociales descontentos y a todos aquéllos que potencialmente pudieran oponérsele.

 

Pero, paradójicamente, el Estado neoliberal debe ser débil en lo económico, sobre todo en términos de su presencia en la economía por medio de la política fiscal, particularmente del gasto público.

 

La política neoliberal se caracteriza por la concurrencia de tres políticas generales, al decir de René Villarreal: a) la apertura, b) la privatización y c) la desregulación.[28] No obstante, el paradigma neoliberal asume otras posiciones en materia de finanzas públicas y de política monetaria, posturas que bien resume Gert Rosenthal de la siguiente manera:

 

“(…) una manifiesta tendencia hacia la liberalización, mayor confianza en las fuerzas del mercado como el principal mecanismo de asignación de recursos, menor intervención de las políticas públicas y mayor coherencia en la formulación de las políticas macroeconómicas. En otras palabras, así como la crisis de los años treinta dio origen a la sustitución de importaciones y a una mayor intervención del sector público, la crisis de los años ochenta marcó el comienzo de un desplazamiento hacia economías más abiertas y orientadas hacia el mercado.”[29]

 

Otros autores, como Manuel Aguilera Verduzco, afirman que, “el esquema neoliberal, denominado también como economía de la oferta, en contraposición a una interpretación parcial de la teoría general (de Keynes), que la caracteriza como un sistema de política económica orientado exclusivamente al análisis de la demanda”, posee varios elementos característicos relacionados con su diseño y aplicación:

 

“Primeramente, la política económica ha procurado mejorar el funcionamiento de los diferentes mercados (financiero, de trabajo y de bienes y servicios), reduciendo y, en algunos casos, eliminando los controles gubernamentales. En segundo término, el diseño de la política económica en este contexto ha reducido el control estatal sobre los recursos económicos y sobre su asignación, at través del proceso de privatización de empresas públicas. En tercer término, la política tributaria se ha orientado fuertemente a impulsar, por medio de reducciones en el pago de impuestos, el proceso privado de ahorro-inversión, entendido causalmente en ese sentido. Y en cuarto lugar, la política neoliberal ha actuado firmemente para tratar de reducir la capacidad negociadora de los sindicatos obreros frente a las empresas”.[30]

 

Por su parte, Perry Anderson considera que, dado que el neoliberalismo buscó prioritariamente contener la inflación de los años setenta, el gobierno de Tatcher, en Inglaterra y los regímenes latinoamericanos, pusieron en marchas medidas tales como las siguientes:[31]

 

1.    Contrajeron la emisión monetaria.

2.    Elevaron las tasas de interés.

3.    Bajaron drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos.

4.    Abolieron los controles sobre los flujos financieros.

5.    Crearon niveles de desempleo masivos.

6.    Aplastaron huelgas.

7.    Impusieron una nueva legislación antisindical.

8.    Cortaron los gastos oficiales.

9.    Tardíamente, se lanzaron a un amplio programa de privatización, comenzando con la vivienda pública, y pasando enseguida a las industrias básicas, como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas, el agua.[32]

 

En América Latina, los programas neoliberales dieron el primer paso reduciendo los gastos gubernamentales, reduciendo el crecimiento de la oferta monetaria, devaluando la moneda nacional y operando una política de liberación de precios, de modo que el mercado se constituyera en el mecanismo principal de asignación de los recursos. Foxley sintetiza el programa neoliberal latinoamericano de la siguiente manera:

 

“La apertura de la economía al comercio internacional y a los flujos de capital, el desarrollo de un sector financiero privado y la drástica disminución de la injerencia del Estado en la economía constituyen elementos fundamentales de los nuevos programas neoliberales en América Latina”.[33] 

 

Cabe aclarar, no obstante, que estas medidas fueron, todas, impuestas por los organismos financieros internacionales, como condición para que los países endeudados y con crisis financieras, pudieran recibir recursos frescos.[34]

 

       El denominado modelo neoliberal, sustentado en el mercado, dio fin a la época de las economías orientadas a lograr el desarrollo económico o de crecimiento «hacia adentro», para dar lugar a modelos en los que, el ajuste estructural, era la condición para insertar a los países subdesarrollados (ahora denominados “economías emergentes”) en la economía mundial.[35] Se trataba, en consecuencia, de un modelo de crecimiento «hacia afuera», cuya finalidad era, al fin de cuentas, permitir el pago de las enormes deudas contraídas por los países latinoamericanos con los grandes centros financieros del primer mundo. El pago de estos compromisos pasó a ser la prioridad de la política económica de nuestros países, sin importar los enormes costos sociales implicados. En realidad, este modelo neoliberal «hacia afuera», más que contribuir al desarrollo de los países subdesarrollados, únicamente les ha permitido obtener los recursos apenas necesarios para poder pagar sus deudas y acrecentar, sin proponérselo, sus relaciones dependentistas con respecto a las grandes metrópolis financieras del mundo, ahora con una nueva configuración, dados los inéditos términos del actual orden económico mundial.

 

2.2. La dinámica funcional del modelo neoliberal

 

Los teóricos de la economía ponen en duda el epíteto que el neoliberalismo recibe en el sentido de ser “un modelo”. En efecto, el término “modelo” se ha popularizado bastante dentro del contexto del lenguaje económico, particularmente desde la óptica de los analistas que sirven al gran público lector de los emergentes medios de comunicación especializados en asuntos financieros y económicos. La expresión pasó ya al dominio popular y ahora parece que ya nadie duda que el conjunto de medidas económicas aplicadas por los gobiernos mexicanos del los últimos sexenios, sin importar su denominación técnica, recibe el nombre de “modelo neoliberal”. No es la intención aquí dilucidar la naturaleza del neoliberalismo en términos de si cumple o no con los elementos epistémicos o meramente técnicos que coadyuvarían a legitimar su membrete de “modelo”. En realidad y en todo caso, el neoliberalismo no es más que la puesta en práctica de los principios esenciales y básicos del capitalismo, considerado éste como un modo de producción y como el estilo de vida social, económica y política de las denominadas «democracias liberales».

 

Sin embargo, las bases ideológicas del capitalismo están sustentadas en el liberalismo en sus dos vertientes: el «liberalismo político» y el «liberalismo económico». Éste último, funciona de conformidad con su tesis fundamental: laissez faire, laissez passer. El primer término significa «libertad de hacer» o de fabricar, y el segundo, libertad de pasar, o sea, de comerciar. Estas dos libertades definen la naturaleza abierta y libre del mercado, de modo que efectivamente pueda funcionar como el “supremo organizador” de la producción y de la distribución de los recursos sociales.[36] Así, el llamado modelo neoliberal, no es más que el capitalismo puro y simple que quizás con mayor mesura debería denominarse «economía de mercado». El neoliberalismo así entendido se propone, mediante el funcionamiento del libre mercado, alcanzar la máxima eficiencia productiva y distributiva de los bienes y servicios de las economías.

 

 

Fundamentos filosóficos y políticos del liberalismo

 

La base filosófica del neoliberalismo económico es una consecuencia de los principios del liberalismo político clásico, los cuales se encuentran completamente resumidos en el artículo 1º de la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano» de 1789, que dice:

 

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Aquí, las palabras «libertad» e «igualdad» representan la esencia de la ideología liberal, la cual es profundamente individualista y basada en la búsqueda del interés personal, “que ella afirma es el mejor medio de realizar el interés general”.[37]

 

Para los liberales, libertad e igualdad, no son términos abstractos de perfecto acomodo en el discurso retórico, sino que corresponden justamente a estructuras sociales concretas y precisas, con las que los liberales sustituyeron el orden monárquico y aristocrático del Antiguo Régimen, que precisamente la Revolución Francesa vino a destruir.

 

       Decir que los hombres nacen iguales es lo mismo que decir que nadie puede beneficiarse por herencia de derechos o de privilegios que lo coloquen por encima de los demás. Si todos los hombres son iguales, entonces ninguna autoridad exterior a ellos puede imponerles obediencia, puesto que esa autoridad no existe. En consecuencia, el poder no puede basarse más que en el acuerdo de los miembros de la sociedad. Por lo tanto, nadie puede ejercer el poder, más que con el consentimiento de los ciudadanos, los cuales delegan en alguien el derecho de mandarlos, mediante los sistemas electoral y de representación. Por cuanto se refiere a la libertad, ésta significa que cada hombre puede pensar, expresarse y actuar como él quiera, y la libertad de los otros es el único límite de la libertad de cada uno.

 

       Estos principios son la base del liberalismo económico, de factura netamente individualista; empero, más que la libertad misma, es la propiedad privada la que se proclama de modo incluso más que solemne. En efecto, la misma «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano», en su artículo 17, declara a la propiedad privada como “inviolable y sagrada”, de donde se deduce la gran importancia que le conceden los liberales, y de donde se obtiene la justificación ideológica del capitalismo como sistema económico y político de organización de la sociedad. Junto con el régimen de propiedad privada, emergen otras deidades del capitalismo: la libertad de empresa y la libertad de cambios. Así, el aspecto económico y el político, se complementan y se interrelacionan al grado de no poder existir el uno sin el otro. El capitalismo, de aspiración puritana y calvinista, sólo puede funcionar en el marco de democracias liberales, en las que conviven los mercados económico y político en el marco de protección que les da el «Estado de Derecho»; esto es, así como existen el plebiscito de consumidores, existen las elecciones, las que funcionan como un plebiscito con «sufragio censatario».[38] En las democracias liberales y capitalistas avanzadas, surgirá luego el concepto de «voto financiero» y de manera más perfeccionada, la choice public. Todo esto, además, sólo será posible en el marco de un Estado de Derecho por definición liberal.

 

       El libre mercado, ya movido por el egoísmo utilitarista[39] pregonado desde el siglo XVIII, o ya motivado simplemente por la utilidad[40], señalada en el liberalismo como la base de la vida social y como principio supremo de la moral, si se hace funcionar sin absolutamente ninguna interferencia o restricciones, será capaz de garantizar, por sí sólo, la eficiencia óptima en la asignación de los recursos y en el crecimiento con pleno empleo a largo plazo, tanto como la plena realización de los intereses personales de cada uno de los integrantes del conglomerado social.[41] En efecto, el libre juego de las fuerzas del mercado, constituye la garantía plena del equilibrio y del pleno empleo; consecuentemente, la intervención del Estado sólo alteraría el funcionamiento del mecanismo de fijación de los precios, distorsionaría igualmente la aplicación de recursos, haciéndola ineficiente y costosa, tanto en términos sociales como políticos. Sin embargo, en los países latinoamericanos, la evidencia empírica demuestra todo lo contrario, pues pese a las virtudes teóricas del neoliberalismo, el mercado expresa dos defectos definitivos:

 

1.   Es miope, es decir, su mirada es de corto plazo e incapaz de advertir los detalles que constituyen el conjunto del sistema social y económico;

2.   Además, es socialmente insensible, pues los gobernantes aplicadores de las políticas de libre mercado pasan, de políticos, a meros administradores del mercado, asumiendo una conducta gerencial que, por su propia naturaleza, enfatiza los rendimientos y olvida los aspectos sociales.

 

Así, para los pensadores liberales de antaño, y para los de hogaño, el Estado queda limitado, en su quehacer, a cumplir exclusivamente con las funciones de garantizar la seguridad nacional y la paz interna. Para Adam Smith, el sistema de libertad natural hace que el soberano sólo deba atender tres obligaciones:

 

1)  Proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes;

2)  proteger hasta donde eso es posible, a cada uno de los miembros de la sociedad de la injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de la misma mediante una exacta administración de la justicia y,

3)  realizar y conservar determinadas obras públicas, cuya realización y mantenimiento no pueden ser nunca de interés de los particulares, puesto que el beneficio de las mismas no podría nunca reembolsar de su gasto a ningún individuo particular.[42]

 

Así, el Estado neoliberal deja de ser protagonista de la actividad económica y pasa a ser un mero espectador, muchas veces complaciente, de los efectos implícitos del proceso de acumulación del capital, tales como la pobreza, la marginación y la miseria. La política fiscal y financiera neoliberal es, por definición, pasiva y restrictiva, lo que conduce a una praxis gubernamental que privilegia, por un lado, la desregulación con la finalidad de reducir todos aquellos obstáculos económicos y, por otro, la gradual privatización de la economía generada por el sector público. En una postura radical de la economía de mercado, las empresas públicas carecen de un lugar propio en el sistema.

 

       Para los economistas partidarios de las políticas neoclásicas, es decir, neoliberales, las finanzas públicas deben ser manejadas con una óptica acorde con la naturaleza del Estado mínimo, de modo que los presupuestos públicos, lejos de ser un factor de intervención para redistribuir los recursos sociales, pasen a ser un elemento de ajuste que dispense las mejores condiciones para el funcionamiento de la oferta y la demanda. De esta manera, tanto la política fiscal como la monetaria, se constituyen en artífices del control de la inflación. Este fenómeno, por otra parte, es considerado como un fenómeno básicamente monetario. En efecto, para Milton y Rose Friedman, la inflación es una suerte de enfermedad fatal que lo mismo ataca a países de régimen socialista que capitalista, desarrollados que subdesarrollados, y que se halla relacionado con la impresión de billetes, por lo que se trata de un fenómeno esencialmente monetario, un fenómeno que en sí mismo contiene las causas y las soluciones del problema.

 

       Friedman cree ver la causa de la inflación en un más rápido aumento de dinero que de bienes y servicios en el sistema económico:

 

“Cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta. Probablemente no existe en economía una proposición tan bien establecida como ésta”.[43]

 

La propuesta argumental del monetarismo friedmaniano parece evidente:

 

“Del mismo modo que un aumento excesivo en la cantidad de dinero es la única causa importante de la inflación, la reducción de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es el único remedio para eliminarla”.[44]

 

En el mismo orden de ideas, es posible advertir el sentido que las políticas financiera pública y fiscal adquieren en el diseño de los gobiernos neoliberales y que se materializan en el ámbito presupuestal. Se trata, por supuesto, de una filosofía de diseño en la que la orientación humana y social se encuentran ausentes, pues resulta evidente que el mercado viene efectivamente a sustituir a la sociedad.  En este sentido, es claro que un excesivo gasto gubernamental, medido en un déficit público como porcentaje del producto interno bruto de una economía, y justificado en aras de contribuir a la ocupación plena, es el origen de la inflación, pues el gobierno para financiar el déficit debe o bien endeudarse, o bien emitir mayor circulante. Consecuentemente, una de las políticas gubernamentales propias de la ortodoxia monetarista es, justamente, mantener presupuestos equilibrados, sin importar que el Estado deje de atender a los cada vez mayores sectores de la sociedad, lo cuales quedan marginados de los beneficios de la economía de mercado, la que en su afán de acumular capital, no hace sino agrandar la brecha entre los ricos y los pobres, anulando así la equitativa distribución de las oportunidades de progreso entre los ciudadanos.[45]

 

       La filosofía subyacente en la economía neoclásica es el darvinismo social, en el sentido de que el mercado coloca a cada quién en el lugar que le corresponde en el “banquete de la vida”; en la vida triunfa y sobrevive quién mejores dotes tiene; fracasa y desaparece quien menos habilitado se halla para sobreponerse a los embates de las fuerzas del mercado. Esto opera lo mismo para los individuos, -vistos llanamente como “consumidores”-, que para las empresas, concebidos ahora, unos y otras, como simples “agentes de la economía”. En consecuencia, ninguna necesidad hay de que el presupuesto público sea óptimo, puesto que los gastos gubernamentales destinados a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, la seguridad social, entro otros, deben reducirse. Así, la educación y la salud, componentes esenciales del «capital humano y social», “dejan de ser derechos sociales, para convertirse en mercancía únicamente al alcance de la población con mayores ingresos”.[46] Esta concepción, ciertamente darvinista del gasto público, lleva implícita una paradoja que se hace evidente respecto del gasto en educación, pues por un lado se afirma que las sociedades deben alistarse para poder ingresar a los mercados mundiales con atributos de competitividad y, por el otro, se reducen los montos financieros dedicados al incremento del capital humano.[47]

 

Sin embargo, la citada paradoja, desde la perspectiva del monetarismo, encuentra su justificación precisamente en la concepción darvinista que se tiene no sólo de la economía, sino esencialmente de la sociedad. En efecto, el neoliberalismo supone que son únicamente los mejores quienes deben acceder a las grandes oportunidades que la globalización plantea, y éstos son los que egresan de instituciones privadas de educación superior, en donde se preparan quienes tienen los suficientes recursos para financiarla; en contra parte, las grandes masas de la población jamás podrían incorporarse a los ámbitos internacionales de la economía, no obstante que son ellas las que constituyen el soporte de la sociedad de consumo y de producción, y que a pesar de todo, quedan evidentemente desprovistas y marginadas de ella. Esta contradicción no sólo es política y teórica, sino esencialmente perversa.

 

       La política de gasto público, desde el neoliberalismo, deber ser aquella que conduzca a presupuestos equilibrados y que además, no sea diseñada con miras de reactivar la demanda agregada, ya que la ortodoxia neoclásica indica que ello sería un detonador de la inflación y, por otra parte, los presupuestos altamente deficitarios serían más que un detonador de la fuga de capitales, lo que pondría a la economía nacional en peores aprietos, demostrando así que la soberanía económica y financiera del país ha quedado “acotada” por los dictados de la globalización.[48] Por el contrario, el presupuesto público debe dedicarse a suplir aquellas carencias que la iniciativa privada no puede o no quiere atender, debido a que sus expectativas de ganancia son muy bajas o bien a que su tasa de recuperación es de muy largo plazo. Hacer lo opuesto implicaría distorsionar la mecánica del libre juego de las fuerzas del mercado, alterando así la configuración de las ventanas de oportunidad que éste ofrece a los actores del sistema. Toda política interventora, por parte del Estado, ata la “mano invisible” que crea las condiciones de la libertad económica.

 

       Por último, es preciso puntualizar que, en la óptica neoclásica, la flexibilidad de los salarios, de los precios, de las tasas de interés y del tipo de cambio, amen de la de los mercados abiertos al libre comercio, constituye la garantía de que el equilibrio del sistema y el pleno empleo, sean posibles de obtener, por el simple y natural acomodo de las partes. El mundo neoliberal, supone la ausencia de los sindicatos, en tanto reguladores de la oferta laboral; la retirada del gobierno, en tanto fijador de salarios al margen de la productividad general y la inexistencia de los monopolios, en tanto que determinan los precios de los bienes y servicios al margen del libre juego de las fuerzas del mercado. Y si además, las tasas de interés, igualmente fijadas por el mercado, son capaces de promover el ahorro interno canalizando éste a la inversión en la planta productiva, entonces el mundo neoliberal será un mundo de pleno empleo y de equilibrio permanente; un mundo feliz, pues.

 

En contraparte, la desocupación siempre será temporal y los modelos neoclásicos suponen incluso que tal desocupación puede llegar a ser voluntaria, ahí donde los trabajadores no acepten ocuparse al salario de equilibrio, que será aquél que corresponda a su productividad marginal.

 

       En corolario, el ideario neoliberal puede resumirse en las siguientes líneas de política pública:[49]

 

1.   El mercado es el organizador por excelencia de la actividad productiva y distributiva de los bienes y servicios, así como de los recursos sociales. Por lo tanto, el Estado debe reducir al mínimo su injerencia en la actividad de los actores económicos mediante:

 

·       La eliminación de la política fiscal activa, lo cual se traduce en: la no expansión ni utilización del gasto público, las exenciones fiscales, los subsidios y el déficit fiscal como mecanismos para impulsar el crecimiento de la demanda agregada de la economía y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

·       Una menor influencia de las políticas públicas en la economía disminuyendo los grados de regulación de la actividad económica.

·       La privatización de todas las empresas públicas.

 

2.   La política monetaria restrictiva es el elemento esencial para combatir la inflación, la cual es un fenómeno exclusivamente monetario y cuyo control depende del hábil manejo de la astringencia del circulante y de la disciplina en el gasto público.

3.   La liberación de los precios de todos los bienes y servicios de la economía, incluyendo los del dinero y del trabajo.[50]

4.   La flexibilización laboral mediante una menor intervención de los sindicatos en la fijación de los salarios y las prestaciones laborales, y la eliminación de los contratos colectivos.[51]

5.   La apertura total de la economía al comercio y a los flujos de capital internacionales.

 

 

2.3. El modelo neoliberal mexicano

 

Al finalizar los setenta, el modelo denominado «sustitución de importaciones», que el Estado mexicano había implantado desde la posguerra, mostraba ya señales de evidente crisis y agotamiento, crisis que como las posteriores, fue de carácter estructural, es decir, que concernía al conjunto del sistema y no solamente a las coyunturas eventuales. Tal crisis devino estructural básicamente en razón de dos motivos: primero, afectó la tasa de ganancia y, segundo, dejó de asegurar, en consecuencia, la reproducción del capital a niveles satisfactorios.[52] Simultáneamente, el Estado agotó también sus instrumentos de política económica tradicionalmente operables en momentos de crisis, disminuyendo así la efectividad de sus operaciones regulatorias en el sistema de la economía mexicana. Ni las políticas fiscal y monetaria, ni los instrumentos de regulación propios del Estado fueron capaces de frenar la caída de la tasa de ganancia y del proceso de acumulación del capital. Hay que destacar, no obstante, que durante los años treinta y cuarenta, la posición presencial del Estado posrevolucionario, tanto en la sociedad como en la economía, fue muy fuerte. Por esta razón, vale la pena preguntar ¿cuál era el peso específico del Estado mexicano en el conjunto de la economía?

 

 

2.3.1. El Estado mexicano en la economía

 

El desarrollo de México se vio condicionado, al decir de Arnaldo Córdova, por dos hechos:

 

“…por un lado, el fortalecimiento del poder nacional mediante su transformación en poder personal y la sumisión, de grado o por la fuerza, de todos los elementos opuestos a este régimen, o la conciliación de los intereses económicos en una política de privilegios, de estímulos y de privilegios especiales; por otro lado, una concepción del desarrollo convertida en política económica, en la que no sólo no se distingue entre extranjeros y nacionales, sino que se busca la colaboración de ambos, en la inteligencia de que tanto unos como otros, teniendo qué invertir e invirtiendo, por este único hecho ayudan de la manera más eficaz al engrandecimiento de la patria.”[53]

 

Es, en efecto, a mediados de los años treinta, cuando se consolidan e institucionalizan las fracciones de poder surgidas del movimiento revolucionario y cuando el Estado se convierte en el poder central omnímodo e indiscutible y asume, a partir de ese momento, “la mesiánica tarea de reconstruir la nación”. Respecto de esta labor titánica y protagónica, Ornelas Delgado asienta:

 

“… (el Estado)…definió la nacionalidad y el concepto de soberanía; diseñó el civismo de los mexicanos; generalizó símbolos patrios según su propia versión de los hechos históricos; sometió, modeló y neutralizó la voluntad ciudadana; expropió las elecciones y el quehacer político, construyendo para tal efecto un partido único de Estado, además de abrogarse la facultad de decidir sobre la existencia o inexistencia de los partidos políticos mediante el expediente de otorgarles, negarles o cancelarles el registro; convirtió a la reforma agraria en un procedimiento meramente burocrático, excluyendo a los campesinos del proceso mismo; en los asuntos laborales organizó a la clase trabajadora y a la ató a su proyecto nacional; decidió sobre la existencia o inexistencia de los sindicatos y, asimismo, respecto de las huelgas, los aparatos gubernamentales asumieron la facultad para decidir sobre su legalidad o ilegalidad, más allá de la propia voluntad de los protagonistas. Y, desde esa época, el Estado mexicano fue abarrotero, financiero, hotelero, restaurantero y mediante su política económica, incluso, definió a los beneficiarios y a los marginados del sistema”.[54]

 

Es decir, la forma y la intensidad del intervencionismo estatal en la sociedad y en la economía mexicanas llegó a tal nivel, que el Estado era, en principio, el conductor de la economía, el constructor del destino nacional y el supremo regulador del orden social. El Estado llegó a ser el adalid de la causa revolucionaria, su agente activo y su protagonista principal. Tal tutelaje revolucionario estuvo marcado por tres eventos distanciados en el tiempo pero unidos en la dialéctica del poder:

 

1.   La fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, su refundación en 1930 como el «Partido de la Revolución Mexicana» y su consolidación en 1946 como Partido Revolucionario Institucional.

2.   La expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas en 1938, que vino a constituir, junto con el reparto agrario cardenista, un hito en los logros de la Revolución.

3.   La “nacionalización” de la Banca en 1982.

 

Para entender el momento crucial en que surge en México el denominado modelo neoliberal, es preciso entender desde mi perspectiva, estas tres marcas indelebles, las que junto a los factores de tendencia externa definieron la inclusión de México en el conjunto de las economías de mercado y en los que el Estado fue figura principal.

 

En primer término, la emergencia en el sistema político del Partido de Estado (PNR), contribuye marcadamente a construir las condiciones para garantizar la consolidación del proyecto revolucionario y convertirlo en política económica. Desde el punto de vista político, el partido establece las bases del apuntalamiento de las fracciones triunfantes del movimiento revolucionario, ya que la nueva plataforma partidista le proporciona el acomodo y los espacios necesarios para resolver de manera pacífica sus diferendos. Sin esta solución política, las luchas intestinas de las fracciones caudillistas hubieran continuado por la vía bélica sus luchas por el poder y el proyecto social y económico de la revolución jamás hubiera encontrado los vacíos necesarios para edificar sus logros. En segundo lugar, la expropiación petrolera fue un acto ciertamente temerario del gobierno de Cárdenas en su afán por reafirmar la autonomía del Estado frente al capital extranjero. El decreto expropiatorio ayudó, además, a vigorizar la presencia del Estado en la sociedad, pues sirvió, al menos en el discurso, para llevar al pueblo de México los efectos de la justicia social. Por último, la denominada “nacionalización” de la Banca mostró a los grupos económicos internos el poder del Estado para sobreponerse, incluso, a las fuerzas del mercado. Fue también un alarde de las potencialidades del paradigma estatista que justamente con este acto empieza también a mostrar el rostro de la decadencia y del agotamiento, sobre todo ante un mundo en el que el Estado no es sino un actor más del juego socioeconómico y ya no el agente principal. Además, se hace necesario puntualizar que estas transiciones de los roles del Estado ocurren en el marco de una sociedad que empieza a cambiar su percepción de la realidad política y en consecuencia, su praxis.

 

Empero, pese a las nuevas condiciones que empezaban a permear el nuevo esquema de la pluralidad política mexicana, el estatismo dominante hasta entonces, si bien era ya hartamente discutido por la sociedad, no fue sin embargo trastocado por ella, sino por los grupos hegemónicos dominantes, incrustados en el aparato gubernamental; ellos fueron los que decidieron no solamente su abatimiento, sino la emergencia de un nuevo patrón de organización económica que era, por cierto, la moda tendencial en el orden económico internacional, pues tanto los estados Unidos con Ronal Reagan, como Inglaterra con Margaret Tatcher, los proclamaban como la panacea en vistas al arreglo de los desórdenes cíclicos del capitalismo y, por otra parte, en términos triunfalistas de cara a la derrota del llamado socialismo real. Así, el poder constituido en México, le impuso a la sociedad un nuevo conjunto de políticas y medidas económicas caracterizadas por la predominancia de las reglas del mercado por sobre la dinámica de la sociedad.

 

 

2.3.2. Los sexenios de la economía neoliberal

 

Ante la ocurrencia de las condiciones internas y externas que propiciaron la adherencia de la clase en el poder a los imperiosos reclamos del mercado, la economía mexicana, sobre todo a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, fue sometida a un proceso de «ajuste estructural», de orientación meramente mercantil que se consolidó y profundizó con las medidas de «modernización» de Carlos Salinas de Gortari. Este proceso ha continuado de manera obstinada durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. No es posible caracterizar la evolución del citado modelo neoliberal sin describir, someramente, los rasgos esenciales que en materia de política económica han definido a estos tres gobiernos.

 

       Independientemente de las condiciones de quiebra económica con que Miguel de la Madrid recibió el país de manos de José López Portillo, es un hecho anunciado que al asumir el poder, de la Madrid proclamó que era imperiosamente necesario «modernizar» al país y que esto no implicaba, de ninguna manera, soñar con expandir aún más el tamaño real del Estado, sino todo lo contrario, se trataría de buscar su achicamiento y adelgazamiento para hacerlo competitivo y eficiente, reduciendo los montos presupuestales asignados a subsidios onerosos e innecesarios, para finalmente reasignarlos a rubros de evidente urgencia social. Esto significaba otorgarle al Estado su verdadera función y quitarle las responsabilidades que los gobiernos anteriores le habían encasillado. Para el discurso de la madridista, la divisa fundamental era la «renovación moral de la sociedad» y ello significaba terminar con el Estado patrimonialista, empresario, asistencialista y, sobre todo, corrupto, que la clase revolucionaria en el poder había construido a través de los años. El Estado obeso, complaciente y populista, habría de ser desalentado; este Estado, no obstante, había sido en extremo calificado como el supremo administrador de los más altos intereses de la nación, surgidos del pacto histórico de la Revolución de 1910. No obstante, ahora aparece como el más preclaro enemigo de la modernización, léase del neoliberalismo.[55] Durante los tres últimos sexenios, desde Miguel de la Madrid a la fecha, “adelgazar” al Estado ha sido una verdadera obsesión, una suerte de misión histórica que los gobiernos de la era neoliberal se han impuesto. Tal adelgazamiento ha sido manejado, en la facundia gubernamental, bajo el eufemismo de desincorporación, cuando en realidad no ha sido sino una venta indiscriminada del sector paraestatal. Ciertamente, no todos los componentes orgánicos de este sector debieron haber pasado a formar parte de él; sin duda, el Estado mexicano absorbió mucho más de lo que debió haber hecho. Sin embargo, la política de venta, liquidación y cierre de empresas estatales, algunas de las cuales cumplían una evidente función social (como en el caso de CONASUPO), afectó sentidamente los intereses de amplios sectores de la sociedad, los cuales fueron empujados literalmente al abismo del mercado, sin habérseles dotado del suficiente capital humano para resistir los embates de las nuevas condiciones de competitividad interna y externa. Adicionalmente a la abrupta reducción del sector público, los gobiernos neoliberales se dieron a la tarea de reducir el gasto público y los subsidios al consumo socialmente sensible. Esta faena se vinculó con la meta de sanear las finanzas públicas, aduciendo la necesidad de eliminar los constantes y dañinos déficits, reduciendo los costos de su financiamiento precisamente para eliminar la carga fiscal y las presiones inflacionarias.[56]

 

Por otro lado, se inició también el proceso de reprivatización de la Banca y con él, el proceso de crear una nueva clase empresarial de corte financiero mediante la cimentación de una suerte de banca paralela de índole eminentemente especulativo. Con la emergente especulación bursátil, la economía mexicana empezó a tornarse más financiera que real, y los “grandes avances”, obtenidos en términos de resultados, merced al «ajuste estructural» y a la «modernización», empezaron a medirse más en función del comportamiento de los mercados financieros internacionales y de los indicadores macroeconómicos, que de los niveles de bienestar de la población. Más tarde, luego de la apertura comercial y ya con la dinámica de la globalización encima, la finanzas públicas mexicanas y la economía financiera en su conjunto, iniciaron su gradual papel de víctimas de los grandes desajustes del capitalismo financiero internacional.

 

       Durante el salinismo, el retiro del Estado de la actividad económica fue un hecho. La retórica del régimen propone el surgimiento de un “liberalismo social” que, al decir del propio Salinas de Gortari, viene a constituir el proyecto de reforma de la revolución.[57] En las tesis políticas de este presidente, la única manera de resolver las crisis económicas desatadas por los modelos económicos impuestos por la revolución y que devinieron en un Estado interventor, era mediante la Reforma del Estado, y tal reforma no es otra que la definitiva orientación de la economía al mercado y con ella, incluso, la propia función estatal. El Estado del salinismo no es un Estado intervencionista ni privatizador, sino meramente promotor y articulador de la actividad económica, dentro de la cual cada agente social debe contribuir al bien común nacional, puesto que éste es de su propio interés. En este sentido, el Estado no suple ni modela los esfuerzos de la sociedad, como antaño lo hacía el Estado interventor preneoliberal, puesto que lo único que busca es “abrir mayores oportunidades para las decisiones de los ciudadanos y los grupos.”[58]

 

       El Estado neoliberal, consagrado bajo la presidencia de Carlos Salinas, mira con desdén el mercado interno; ahora es el sector externo de la economía el que habrá de guiar la gestión de los empresarios y el que, a su vez, habrá de medir la eficiencia empresarial. De ahí que la apertura comercial, primero con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y luego con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se hayan convertido, sobre todo éste último, en «el paradigma» del sexenio salinista.[59] En suma, todo este esquema de políticas y medidas fue caracterizado como «el esfuerzo modernizador», y en efecto así aparece en el «Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994». En este documento fundamental de la administración pública mexicana, se afirma:

 

“El esfuerzo modernizador es el reconocimiento de que el desarrollo en el mundo moderno no puede ser resultado sólo de las acciones del Estado, sino también precisa la participación amplia de particulares”.[60]

 

Para el PND, la modernización económica hará posible “el crecimiento con estabilidad de precios … a partir de un renovado impulso a la inversión privada, la expansión de las exportaciones no petroleras, la inversión pública en infraestructura y el fortalecimiento gradual del mercado interno.”[61] La estrategia gubernamental que potencialmente lograría las metas del PND fue acompañada de una política económica trazada en tres líneas generales de acción que a continuación se describen:

 

POLÍTICA FISCAL

 

a)   El Estado debería diseñar una política de ingresos públicos capaz de permitir el financiamiento equilibrado de las operaciones del sector público.

b)  Por el lado de los egresos, el Estado debería propiciar una política de gasto público pertinente a las erogaciones y de acuerdo a una disponibilidad de financiamiento no inflacionario.

 

POLÍTICA MONETARIA

 

a)   Una política monetaria, financiera y crediticia capaz de propiciar un crecimiento de los agregados monetarios compatible con el objetivo de lograr estabilidad de precios y el fortalecimiento del ahorro interno mediante una eficiente intermediación financiera.

b)  Una política cambiaria capaz de apoyar la estabilidad de precios con el auxilio de todo el conjunto de instrumentos abocados a evitar los ajustes cambiarios violentos, sobre la base de un comportamiento favorable de la economía, particularmente de la balanza de pagos.

 

POLÍTICA GUBERNAMENTAL

 

a)   Una política de concertación que permita mantener, mediante el compromiso de los sectores sociales, certidumbre en la evolución de precios y que propicie una mayor determinación automática de los mismos, a medida que se consolide la estabilidad necesaria para la ordenada participación de los mercados y que proteja el valor adquisitivo de los salarios.

 

Huerta Quintanilla explica:

 

“La economía mexicana vive un proceso de transformación basado en la desregulación y reducción de la participación del Estado en la economía, la liberalización de las relaciones económicas con el exterior y la entronización de la iniciativa privada como motor y principal impulsor de la dinámica económica”.[62]

 

Pero tal proceso de transformación giró en torno de una obsesión: la de combatir la velocidad de crecimiento de los precios a toda costa, por sobre cualquier otro fin, no importando que éste fuera prioritario socialmente, como de hecho lo fue la creación de empleos. Tal obsesión se vio acompañada de otras dos no menos insistentes ambiciones, como lo fueron, por un lado, la apertura indiscriminada de  las fronteras a los productos del exterior y, por otro, el mantenimiento de un tipo de cambio capaz de anclar la inflación y que a la postre devino, por sobrevaluado, en un pertinaz acelerador de importaciones baratas que garantizarían precios bajos al consumidor en el mercado interno, pero que al mismo tiempo propiciarían un aumento impresionante del déficit comercial; déficit que hubo que financiar con recursos provenientes de los inversionistas extranjeros y que, al final del sexenio, habrían de detonar la más severa crisis económica de los últimos años. Con un peso sobrevaluado, el régimen salinista quiso modernizar la planta productiva para hacerla más eficiente frente a la competencia externa y convertir al sector exportador en el nuevo motor del crecimiento económico del país.

 

       De hecho, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, la lucha por insertar a México en el viejo GATT buscó a toda costa la reducción directa de los precios de los productos importados, de manera que la simple competencia de las importaciones en el mercado interno sería más que suficiente para abatir la inflación. Luego de la acelerada inflación y de las exorbitantes tasas de interés que se registraron durante los primeros dos años del sexenio de la madridista, fue posible observar que a partir de 1988 la inflación se redujera substancialmente; sin embargo, a finales de 1994 el sistema se colapsó. Durante 1995, la inflación fue de tan sólo del 7%, con un fuerte repunte que llevó el índice de los precios al consumidor a 51.97%. Ya en este resurgido ambiente inflacionario se produjo también, a lo largo de 1995, una abrupta caída del PIB del orden del 7%, lo que revivió en el ánimo de los mexicanos la experiencia de vivir con inflación y con estancamiento, es decir, con estanflación.

 

 

2.3.3. Fisonomía del neoliberalismo en México

 

Parece ser que son varios los rasgos típicos de la experiencia neoliberal mexicana; fisonomía que le ha caracterizado desde su implantación durante los primeros años del sexenio de De la Madrid. Tales rasgos son:

 

1.   El lento crecimiento de la economía (un promedio anual de 1.3% entre 1982 y 1995).

2.   Caídas verticales del PIB

3.   Un crecimiento anual que no ha superado el 4.5%

4.   Fuertes presiones inflacionarias, sujetas al tipo de cambio.

5.   Necesidad de mantener un tipo de cambio sobrevaluado para abaratar los insumos importados.

6.   Altos volúmenes de déficit comercial y la consecuente urgencia de recursos externos para financiarlo, lo que incrementa la dependencia y la vulnerabilidad de la economía de frente a las actuales crisis financieras internacionales.

7.   Altas tasas de desempleo abierto.

8.   Incremento de las distancias sociales y de la marginación y extrema pobreza.

9.   La discutida existencia de un Estado de derecho, la corrupción y la falta de democracia.

10. Las crisis de fin de sexenio, que reproducen finalmente las contradicciones del sistema.

 

La crisis fatal generada por los célebres “errores del 94” y que caracterizaron al sexenio zedillista, es por demás emblemática del comportamiento de nuestro sector externo:

 

 

1992, déficit comercial de 25 mil millones de dólares

1993, déficit comercial de 23 mil millones de dólares

1994, déficit comercial de 28 mil millones de dólares[63]

 

El impacto que en las finanzas públicas del país tuvo el comportamiento de la balanza comercial fue dramático. Las cuentas comerciales de México estaban siendo financiadas por medio de recursos generados por la denominada inversión extranjera, inversión colocada en instrumentos de corto plazo y de carácter altamente especulativo que, de hecho, no generaba ningún beneficio real ni a la economía nacional ni a la sociedad, pues había que mantener altas las tasas de interés para hacer al país “competitivo” ante los ojos de los grandes inversionistas. Esta situación alentaba a la economía financiera, por definición especulativa, y en cambio desalentaba a la economía real, que es la economía productiva y la que tiene que ver con productos y con bienes que la gente puede efectivamente adquirir. Los datos sobre la economía mexicana indican que, desde 1990, la casi totalidad de los recursos provenientes del exterior se colocaron en inversiones de cartera, recursos que obtuvieron ahí grandes rendimientos sin contribuir a la verdadera y anhelada modernización de la planta productiva del país, y ni siquiera a la creación de empleos.[64]

 

       La tabla siguiente, expresa la evidencia empírica para juzgar el efecto de dicha inversión en el conjunto de la economía:

 

 

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

TOTAL

100%

6,004

 

17,505

22,404

33,333

19,150

34,810

35,710

DIRECTA

2,633

44%

4,762

27%

4,393

20%

4,901

15%

10,970

57%

6,960

20%

1,945

06%

CARTERA

3,371

56%

12,743

73%

18,011

80%

28,432

85%

8,180

43%

27,859

80%

33,765

94%

Fuente: Para los años de 1990 a 1994: Banco de México; para 1995 y 1996, Grupo Financiero Bancomer. Los datos de cartera son de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Dirección de Inversión Extranjera, SECOFI.

 

 

Así, mientras la entrada masiva de capitales fue un continum sucesivo, la administración de Salinas pudo enfrentar el desequilibrio comercial externo sin recurrir a la devaluación del peso, logrando así un éxito aparente, pues al inicio del sexenio siguiente la situación reventó mostrando su verdadera cara. La devaluación, que durante las administraciones anteriores había sido la solución para proteger la balanza comercial, vino a fin de cuentas, a mostrar la otra faceta del “populismo”, tan denostado por los neoliberales, ya que sirvió más fines electorales que económicos. Sin embargo, es claro que los capitales foráneos buscaban ganancias tan rápidas como efímera era su  estadía en el país, pues lo mismo se colocaban en México que en cualquier otro sitio que les garantizara mayores tasas o mejores condiciones de estabilidad política. Por otra parte, hay que señalar un factor de coyuntura exterior que también afectó el comportamiento de las inversiones extranjeras. Cuando en Estados Unidos se inició la recuperación económica, la Reserva Federal incrementó los rendimientos de sus principales instrumentos financieros. Por ejemplo, los Bonos del Tesoro estadounidense pasaron, en 1994, de 3.02% a 5.81% en 1995.[65] Esta variación de apenas 2.79% en las tasas de rendimiento, se reflejó sensiblemente en el comportamiento de los flujos de capitales, los que dejaron de orientarse hacia México, de tal forma que si en 1994 las reservas internacionales en el Banco de México eran de 26.84 mil millones de dólares, para febrero de 1995, ya en plena administración zedillista, habían disminuido al dramático nivel de 8.9 mil millones de dólares.[66] O sea, que una variación alcista de 2.79% en las tasas de interés norteamericanas, provocaron un decremento neto de 17.94 mil millones de dólares en las reservas internacionales de México. Por otra parte, es posible advertir que el alza de las tasas de interés en EE.UU. aumentó no solamente las presiones financieras sobre los sectores empresariales mexicanos endeudados en dólares, sino que contribuyó a deteriorar el atractivo de invertir fuera de ese país. Este hecho frenó la entrada de capitales al país e incrementó el factor de incertidumbre respecto de la confiabilidad de la economía mexicana, puesto que ahora sus cuentas comerciales externas ya no podían continuar con el mismo esquema de financiamiento que había caracterizado al gobierno anterior.

 

       El esquema de fuga de capitales configurado desde abril de 1994, evidenció que tan sólo en diciembre de ese mismo año hubieran salido de la Bolsa Mexicana de Valores casi 33 mil millones de dólares[67], de los cuales los primeros en salir eran de mexicanos, como de hecho ya había ocurrido en situaciones anteriores. Pese a que Jaime Serra Puche, cuando aún fungía como titular de la SECOFI, declaraba que México era uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera, lo cierto era que los capitales se fugaban tan rápido como habían entrado. Ya para el 20 de diciembre de 1994, cuando se intentó desesperadamente frenar su salida devaluando el peso en 15%, toda medida resultaba ya inútil y nada detendría lo que el secretario de Hacienda denominó, en un artículo publicado en The Wall Street Journal, “un fuerte ataque especulativo a la moneda”.[68] El asesinato de Colosio, ocurrido precisamente en abril de 1994, detonó la salida masiva de capitales del mercado bursátil. Un informe del Banco de México de ese mismo año, decía lo siguiente:

 

“La reserva internacional del Banco de México, que a la fecha del asesinato sumaban 28 mil 321 millones de dólares, cayó casi 11 mil millones en los siguientes 30 días, en tanto que las tasas de interés se incrementaron aún más”.[69]

 

Para diciembre del mismo año, las reservas internacionales de México habían caído a 6 mil millones de dólares, cantidad ya considerada como “peligrosa”. Ante este hecho, el Banco de México decide dejar de intervenir en el mercado cambiario para permitir que la oferta y la demanda se encargaran de fijar el precio del dólar. El efecto de esta medida técnica, a los ojos de la población, tiene un sólo nombre: devaluación y la devaluación es, históricamente, símil de empobrecimiento.

 

 

2.3.4. Efectos socioeconómicos del modelo neoliberal

 

Estos indicadores muestran ya la altísima vulnerabilidad que las condiciones de libre mercado, tan privilegiadas por los políticos neoliberales mexicanos, le crearon al país y que se acentuaron inusitadamente con los vaivenes oscilantes e imprevisibles de las crisis financieras sucesivas. La coraza que en materia del equilibrio financiero público tanto se argumenta en favor de la “salud financiera” y económica del país, si bien le ha protegido de mayores sacudidas provenientes del exterior, se ha convertido, sin embargo, en una seria amenaza que pone en riesgo el futuro de la población, la cual ve cada vez más menguados los recursos públicos fiscales en su favor, de tal manera que el gasto público social, por ejemplo el de la educación superior, es cada vez menor en términos reales.

 

Los enormes volúmenes de inversión extranjera que la supuesta “competitividad” del país pudo atraer, ciertamente significaron una deuda virtual de cortísimo plazo que para las arcas nacionales llegó a representar gigantescos compromisos que había que cumplir tarde que temprano, y que ante las condiciones de inestabilidad política que se presentaron durante 1993, (Chiapas y los crímenes políticos) y aunado todo ello a las decisiones vacilantes de la administración zedillista entrante, provocaron nerviosismo en los inversionistas, lo cual finalmente les condujo a retirar sus capitales del país. El gobierno, entonces, tuvo necesidad de adquirir recursos del mismo tamaño que el déficit, cuando menos, y de modificar su política monetaria y fiscal para crear las condiciones propicias que permitieran la nueva afluencia de recursos de salvamento. Según Torres Gaytán, “el saldo de la balanza en cuenta corriente es siempre igual al saldo de la balanza de capitales, pero de signo contrario”.[70] Esto significa que, cualquiera que sea el saldo negativo de la cuenta corriente, éste será igual al financiamiento requerido del exterior para solventarlo. Ello significó, para el pueblo mexicano, un grave retroceso y una dramática vulnerabilidad de su economía y de su soberanía política.

 

 

2.4. El neoliberalismo cuestionado: los indicadores del fracaso

 

La acción del Estado es múltiple y adquiere modalidades distintas que se reflejan en el diseño y en el manejo gubernamental de las políticas públicas de impacto social. Empero, para que el Estado actúe, se requieren recursos y éstos hay que financiarlos, administrarlos, programarlos y ejecutarlos según los lineamientos de índole política, ideológica y social, que en el caso del Estado neoliberal mexicano parecen ausentes en los hechos y presentes sólo en el discurso. Las viejas tesis del nacionalismo revolucionario que pretendieron aterrizar en un modelo de Estado Benefactor y que finalmente degeneraron en un Estado corrupto y populista, fueron simplemente canceladas a espaldas de la nación y del partido que supuestamente las apoyaba. En contraparte, tampoco el Estado neoliberal ha podido mejorar las condiciones que tanto critica en su antecesor. Por su parte, la nación, de todos modos ciega y muda, quedó marginada durante el proceso de reemplazo y de adopción del modelo neoliberal, ahora bajo el nombre de “liberalismo social”[71], modelo que no hizo sino justificar la nueva manera de hacer la política en México, según la cual el mercado sustituye a la rectoría económica del Estado y éste se vuelve en un ente meramente promotor de la conducta económica de la sociedad; el proteccionismo económico dirigido a las clases sociales menos favorecidas, fue desplazado de tajo por el “libre mercado”, el “libre comercio”, la “globalización” y la “competitividad” internacionales. Los resultados, no obstante, no han sido mejores, y en mucho han empeorado lo obtenido por el Estado Benefactor revolucionario.

 

       Ahora bien; bajo estos lineamientos de pensamiento económico, el Estado mexicano, surgido de las reformas salinistas, diseñó un paquete de políticas financieras públicas que responden perfectamente al ideario monetarista neoliberal, definido en términos de equilibrios presupuestales, contracción del gasto público, superávits imaginarios y fantasiosos, ajustes presupuestales, venta de empresas, política fiscal y monetaria restrictivas y en vistas a los equilibrios macroeconómicos. No obstante, en la perspectiva de las finanzas públicas, enmarcadas en las democracias desarrolladas, el sentido social y humano de la actividad financiera del Estado postula concepciones totalmente ajenas a los esquemas que las tecnoburocracias administradoras de las políticas neoliberales han impuesto a la sociedad. Faya Viesca, por ejemplo, nos indica que en materia de formulación del presupuesto y por lo tanto de la programación del gasto público, las finanzas públicas ideales, es decir aquéllas que se trazan con claras miras a lograr su socialización, debieran asumir la siguiente orientación en el proceso de su diseño:

 

“… el Estado analiza las distintas necesidades de la colectividad y las de su propia subsistencia; con base en esto, determina el tipo y montos de las cargas tributarias que puedan soportar los obligados al pago de impuestos”[72].

 

Sin embargo, muy lejos se halla la concepción del Estado neoliberal de este precepto, perfectamente aplicable en economías demócratas capitalistas, pero de claro énfasis social y humano como las europeas[73]. Se postula aquí que la acción estatal requiere de las finanzas públicas, y éstas deberían responder a  enfoques de humanismo social; deberían responder, primero y ante todo, a las expectativas y necesidades de la sociedad y no al servicio del capital extranjero y nacional, del aperturismo indiscriminado, y a la lógica de conservación del poder, cerrando o abriendo los grifos del presupuesto cada vez que las elecciones se alejan o se acercan.

 

       Las finanzas públicas constituyen un instrumento fundamental para orientar las políticas públicas, las cuales finalmente, se reflejan en los niveles de bienestar o de miseria de la población. Las finanzas públicas son, por lo tanto, el medio de acción gubernamental para asignar y distribuir los bienes sociales y para contribuir a la estabilidad de la economía. En este orden de ideas, en México ha sido la política financiera pública neoliberal la responsable del desempleo y de la crisis que vive el país, sobre todo a partir de los “errores de diciembre”.[74] Las políticas fiscal y monetarias mantienen un mercado recesivo y en permanente agonía, que ha conducido a millones de mexicanos al empobrecimiento y a la miseria, pero sobre todo a la pérdida de fe y de oportunidades para esta y para las futuras generaciones. Sin embargo, se antoja una pregunta fundamental ¿ha tenido la clase en el poder otra alternativa para el manejo de la política económica? ¿las actuales condiciones de dependencia del sector externo crean suficientes espacios de maniobra para ello? ¿podrán efectivamente otros gobernantes cambiar sustancialmente el estado de cosas? Evidentemente, estas preguntas no ofrecen respuestas fáciles, pero si ofrecen la oportunidad para reflexionar acerca de las condiciones reales en que se encuentran la economía y la sociedad mexicanas a punto de iniciar un nuevo siglo y un nuevo milenio.

 

 No obstante, el manejo instrumental de las políticas financieras del gobierno no es sino el reflejo de lo que éste es actualmente y del modo en cómo las clases dominantes en el poder le definen en términos políticos, sociales y humanos. [75]  Por ello, me parece urgente que el Estado mexicano se redefina a sí mismo, de frente a su origen histórico y a su porvenir; para ello es preciso que las clases en el poder no le den la espalda a la sociedad y es necesario que asuman políticas públicas congruentes con nuestras realidades y contradicciones estructurales. Debe el régimen, consecuentemente, reorientar realistamente sus finanzas y sus políticas públicas en otro sentido y en otra dirección.

 

        Veamos por qué:

 

La evidencia empírica demuestra que la economía nacional vive hoy la peor de sus crisis, -que por cierto han sido sexenalmente recurrentes[76]-, merced a las políticas neoliberales aplicadas desde finales de 1982. Lejos de que las cosas hayan mejorado, desde que el neoliberalismo llegó a México, las condiciones de vida de los ciudadanos de este país han empeorado gradual y sistemáticamente. Al respecto, basta con revisar cualesquiera de los indicadores del bienestar para observar los efectos catastróficos que el libre mercado ha dejado en México. Los siguientes son algunos de los más importantes:

 

 

1.    La evolución del Producto Percápita.  El producto obtenido por habitante es uno de los indicadores del bienestar más aceptables y desde el arribo del salinismo su retroceso acumulado ha ido en ascenso hasta llegar a representar actualmente poco más del 20 por ciento. Para lograrlo, bastaron 14 años. Al respecto, hay que decir que el único antecedente que registra una caída aún más grave, se encuentra durante el período comprendido entre 1926 y 1932, cuando la contracción fue del orden del 30 por ciento, con la diferencia de que dicha época estuvo contextualizada por una crisis mundial. En cambio, para el caso mexicano actual, por suerte no se dio crisis similar alguna, de lo contrario las cosas hubieran llegado a niveles inimaginables. En estos momentos, no obstante, fueron suficientes las medidas neoliberales para sumir al país en las condiciones en que se halla.

 

2.    Pese a la caída del 30 por ciento en el período aludido, cuando el Estado intervino en la economía, -justo cuando no predominaban las ideas de la “política moderna”-, ésta evolucionó así[77]:

 

a)    Durante la década de los treinta, el crecimiento del producto per cápita fue del 15 por ciento;

b)    Durante la década de los cuarenta, el crecimiento fue del 20 por ciento;

c)    En los cincuenta, del 27 por ciento;

d)    En los sesenta, del 38 por ciento;

e)    En los setenta, del 33 por ciento.

 

3.    El crecimiento acumulado en todos estos años fue del 288 por ciento. La caída del Producto Interno Bruto por habitante entre 1992 y 1995 fue del orden de los mil 191 dólares[78]. En efecto, la crisis del último año y medio propició un deterioro del desarrollo humano en México, al abrirse la brecha entre pobres y ricos y cambiar de injusta a inhumana la calidad de vida de cuando menos 13 millones 700 mil personas. El retroceso económico causado por la mentada crisis, provocó un aumento de la pobreza extrema, una reducción del acceso a la educación básica y a la superior, un desplome del gasto de consumo en alimentos básicos y en vivienda y, lo más grave y lamentable, un sentimiento de desesperanza entre la mayor parte de la población.

 

4.    En cuanto a los agregados monetarios se refiere, hay que destacar que en las épocas de participación del Estado en la economía, sólo existían instrumentos bancarios líquidos; los instrumentos no bancarios y de largo plazo brillaban por su ausencia. Estos se manifestaron  a finales de los setenta y de modo cada vez más fuerte a partir de los ochenta, cuando los tecnoburócratas neoliberales  tocaban ya la puertas del poder. Si partimos de los usos de la llamada base monetaria, la composición de los depósitos bancarios denotaba claramente la primacía de la banca comercial tradicional muy por encima de la denominada banca de desarrollo, como hasta la fecha ocurre. No obstante, esta relación se modificó a partir de 1978. Esto significa que durante las décadas de crecimiento y auge, la banca de desarrollo poco o nada tuvo que ver. En cambio, cuando los neoliberales llegaron, dicha banca aumentó más y más su presencia en la dinámica monetaria de la economía.

 

5.    Otro rasgo que salta a la vista es el comportamiento del ahorro. Durante los años del crecimiento, -cuando había una “política antigua”-, la formación bruta de capital alcanzó, como máximo, niveles equivalentes a 15 por ciento del PIB, incluso durante los años cuarenta y cincuenta solo fueron del orden de 8 y 13 por ciento, respectivamente. Pero en los ochenta y noventa, estos coeficientes estuvieron muy por arriba (20 y 15 por ciento) y, a pesar de ello, los resultados en el crecimiento fueron lamentables, puesto que el contrapeso de las medidas neoliberales amortiguaron sus efectos. Hoy, la capacidad de ahorro de la sociedad mexicana está literalmente por los suelos; de hecho, durante los últimos años, las constantes y recurrentes devaluaciones de fines de sexenio han enseñado al ciudadano la cultura del no ahorro, y en cambio han propiciado la compra de dólares y el consumo, aprovechando todo lo posible las condiciones existentes antes de una caída del valor del peso como consecuencia de inminentes devaluaciones, ocurridas justo a finales de sexenio cuando ya las condiciones demuestran que la paridad «peso/dólar», resulta  insostenible.

 

6.    En cuanto a indicadores de productividad, el neoliberalismo claramente ha privilegiado las actividades denominadas “terciarias” (servicios/comercio) en detrimento de las del sector primario de la economía. Durante el periodo de auge comprendido entre los años 1930-1979, lo que fue fundamental, pasó a ser secundario durante los años 1970-1990. A todos nos resulta evidente que las actividades del sector agropecuario perdieron importancia y desde entonces los problemas del desempleo se empezaron a agudizar. Las modificaciones al 27 constitucional, por ejemplo, además de romper con el esquema revolucionario, supusieron que por inspirarse en las tesis del libre mercado[79], eran ya razón más que suficiente para resolver los problemas del campo mexicano.

 

7.    Tenemos también entre las políticas neoliberales fracasadas, la apertura indiscriminada, abrupta y brutal del mercado interno, en aras de la globalización y del llamado “espíritu de Houston”, el cual produjo un verdadero encanto en la mentalidad neoliberal, y al mismo tiempo, una obsesión alrededor de la cual giró toda la política de la administración de Carlos Salinas. El aperturismo lastimó fuertemente a la micro y pequeña empresa, que desprovistas de tecnología, capacitación y capital, no tuvieron otro destino que la extinción. Es de sobra conocido el dato de que la micro y pequeña empresa constituyen el sostén y la base de una economía y de que, además, en México absorbe poco más del 90 por ciento de la mano de obra nacional; sin embargo, paralelamente a la que se consideró inevitable apertura, el gobierno neoliberal nada hizo para apoyar este sector vital y estratégico de la industria nacional.

 

8.    Habrá que mencionar que las expectativas que el gobierno mexicano puso en la firma del TLC, -que por cierto no estaba contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo originalmente propuesto por Salinas-, subordinaron prácticamente toda la política nacional y todas las decisiones estratégicas apuntaron a agradar a los congresistas y líderes de opinión  norteamericanos para que le favorecieran. Finanzas y políticas públicas quedaron atrapadas en esa encrucijada. Salinas cabildeó y “vendió” la imagen del país y la suya propia, al grado de hacer aparecer a México como el milagro económico y a Salinas como el hombre del año, según una popular e influyente revista estadounidense. Sin embargo, el sueño de un México de Primer Mundo y miembro de la OCDE, que tanto sedujo a empresarios, banqueros e inversionistas extranjeros, rápido se desvaneció cuando de pronto, México amaneció con un conflicto armado en Chiapas que exhibió el verdadero rostro del país: el rostro de la miseria, de la marginación, del hambre y de la injusticia social. Empezaba la resaca de la borrachera neoliberal, el retorno a nuestras trágicas realidades. Luego vinieron los crímenes políticos que buscaban el ajuste de las cuentas y el cobro de las facturas que la hegemonía salinista no saldó oportunamente. Las cosas empeoraron y el cambio de gobierno no soportó las tensiones de la paridad «peso/dólar», artificialmente sostenida y tardíamente reconocida como sobrevaluada. Así, la historia se repitió: el hombre fuerte no quiso lastimar su imagen personal y la de su gobierno, y lejos de ser él quien tomara la decisión devaluatoria, prefirió que su débil sucesor cargara con el costo político de realizarla. El régimen político mexicano, autoritario y antidemocrático, cobró puntualmente su factura.

 

9.    La crisis de las finanzas públicas de diciembre de 1994, puso de manifiesto la forma en cómo el régimen financió al sector público y al déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, generado en parte por el exceso de expectativas y en parte por la paridad sobrevaluada que promovió las importaciones exageradas. Grandes flujos de capital externo fueron necesarios para subsanar el raquítico ahorro interno, incapaz e insuficiente de financiar no solo los compromisos externos, sino el propio desarrollo nacional. Tales capitales fueron seducidos por las altas tasas de interés y por los premios gananciales exagerados en los instrumentos financieros nacionales colocados en el exterior.[80] Plazos cortos en los vencimientos (de siete y catorce días) pusieron al gobierno de Zedillo al borde de la desesperación y entonces tuvo que llegar, de nueva cuenta, la deuda externa directa colocándonos, de frente a los EE.UU., en una posición difícil al tener que casi implorar los 50 mil millones de dólares de línea abierta disponibles para poder pagar a los inversionistas extranjeros el importe de lo confiado al México de Salinas.

 

A pesar de las declaraciones del Presidente Ernesto Zedillo, en el sentido de que la economía se recupera y de que el modelo actual es perfectamente compatible con la justicia social[81], lo cierto es que según INEGI, cuando menos el 40 por ciento de la población vive bajo condiciones de pobreza y cerca de 27 millones de mexicanos sufren de pobreza extrema.[82]  El modelo neoliberal es, contrariamente a la tesis presidencial, incompatible con la equidad y la justicia sociales, sobre todo en un país en el que las desigualdades no las construyó el neoliberalismo, pero si las acrecentó considerablemente. Cabe aquí la afirmación de que si el neoliberalismo no se adapta a la realidad, entonces hay que adaptar la realidad al neoliberalismo.

 

       El desastre de la política neoliberal aplicada en México durante los últimos dos sexenios es evidente. El retroceso económico es inocultable y el rezago que produjo toda una década de estancamiento en el crecimiento del PIB, -en contraste con el explosivo aumento de la población-, será de muy difícil recuperación, tanto como más se acentúe el paradigma del libre mercado. El fantasma de la crisis que apareció a sólo 20 días de haber asumido la presidencia Ernesto Zedillo, echó abajo las expectativas del “bienestar de la familia” y del crecimiento económico sostenido rumbo al año 2000. Los llamados “errores de diciembre” desencadenaron una especie de shock económico y financiero cuyo costo, de 70 millones de dólares, dejó postrado al país en una crisis sin precedentes[83] Elevada inflación, cierre de empresas, mayor desempleo, endeudamiento externo y pobreza casi generalizada fueron las expresiones más significativas, -lo siguen siendo-, de la dramática debacle que frustró, por muchos años, la promesa zedillista de mejorar el bienestar de la familia. La crisis del 94 acentuó aun más nuestras diferencias sociales y la persistencia del neoliberalismo incrementará aún más la inequitativa distribución del ingreso. Después de 16 años de aplicación del paradigma neoliberal, lejos de lograrse el crecimiento económico sostenido capaz de mejorar el nivel y la calidad de vida de los mexicanos, lo único que ha hecho es profundizar los contrastes que tanto erosionan y fragmentan a nuestra población. Los ricos hoy son más ricos y los pobres, más miserables. Estos son los resultados evidentes.

 

        No es que las estadísticas sean el deporte favorito en el presente trabajo, pero son necesarias para fundamentar nuestra tesis y nuestro argumento de que un régimen y un Estado empeñados en persistir aplicando políticas económicas y financieras de corte neoliberal, no podrán sino llevar al país al peor de los desastres imaginados. El sueño de la tecnoburocracia que mal gobierna este país, no evitó que 34 millones 600 mil mexicanos se quedaran  sin poder acceder a la educación básica y que otros 6 millones sean analfabetos. Tampoco ha podido evitar que en Veracruz, más de 10,000 jóvenes continúen sin poder acceder a la educación superior en cuando menos los últimos 5 años. Mientras nuestras finanzas públicas estén dirigidas por técnicos que solo aspiren a quedar bien con el exterior (léase EE.UU) y a obtener estados financieros impecables y superavitarios, los grandes grupos de marginados nacionales ninguna esperanza tendrán, ya no de resolver sus necesidades, sino siquiera de atenuar sus dramas.

 

        El neoliberalismo, en cambio, ha facilitado que solo 15 familias mexicanas concentraran más del 10 por ciento de la riqueza nacional, con cerca de 25 mil 600 millones de dólares. Ha favorecido que los ricos industriales, al adquirir las instituciones financieras, se hicieran aún más ricos con activos que llegaron a sumar, en 1993, 775 mil millones de pesos; es decir, el equivalente al  61.5 por ciento del PIB de ese año. El neoliberalismo provocó que, de pronto, aparecieran 10 mexicanos en las listas de la revista Forbes como los hombres más ricos del mundo. Uno se pregunta, ¿cómo lograr reunir semejantes fortunas en un país de grandes carencias materiales y de enormes miserias sociales?

 

       Dolores Padierna  apunta con precisión lo siguiente:

 

 “…diez años después del inicio de las políticas neoliberales, sólo 12 grandes empresas representaban el 55.9 por ciento del total de las ventas; el 73.7 por ciento del total del capital contable; el 72.3 por ciento del total de las nuevas inversiones y el 44.14 por ciento del empleo total.  La decisión de sus consejos de administración determinaba el control del llamado “mercado mexicano”, y las tasas de ganancia por rama de producción. Bastaba ponerse de acuerdo con los presidentes de estas 12 empresas para definir el comportamiento de las cuentas nacionales y la marcha de la economía del país”. [84]

      

El país requiere transitar no sólo a la real democracia, -lo cual es por demás urgente-, sino también a una política económica justa para la mayoría de los mexicanos; la política neoliberal que hoy atosiga a la sociedad mexicana, sólo  ha democratizado la miseria y la desesperanza.

 

Por si fuera poco, la ola neoliberal produjo además, una probreza ideológica que dejó al Estado en la orfandad. Sin soportes reales, el país vio, de pronto, cómo las tesis clásicas de la Revolución de 1910, que para varios egresados de Harvard son antiguas y vergonzosas, pasaron al cajón de los recuerdos, y de la propia Revolución sólo  llegó a hablarse, como a manera de  un cadáver más o menos memorable, sólo los días de su aniversario. Por ello, también una posible reconstrucción de este país exigiría, entre otras cosas, una suerte de redefinición ideológica que le de rumbo y Proyecto de Nación. México necesita, pues,  una reforma triple que abarque tanto cambios en el Estado, como  en la cuestión política electoral y en la economía.

 

Recapitulando las ideas hasta aquí expuestas, puede afirmarse que el modelo de economía de libre mercado impuesto en México desde los ochenta y que abarca ya la extensión de tres administraciones federales, expresa, entre otros, los siguientes rasgos que marcan su caracterización fisonómica:

 

1.    El Estado surgido del movimiento revolucionario de 1910, originalmente responsabilizado de dirigir el desarrollo social y económico del país, ha sido reducido al papel de una entidad meramente promotora de la operación de los agentes económicos particulares, y en tanto tal, el Estado neoliberal parece asumir un rol ausente que pretende desconocer su función guía esencial, que es la procura de la justicia distributiva por la vía del desarrollo social.

2.    El Estado coordinador de la economía de mercado, asume que éste es el organizador fundamental de la actividad social, y en tanto tal, es el mejor y más eficiente asignador de los recursos productivos a través del mecanismo de formación de los precios.

3.    La economía de mercado impulsada en México, contrae la responsabilidad de definir el rumbo y la intensidad del crecimiento económico del país.

4.    El denominado achicamiento del Estado mexicano ha devenido en un proceso de transferencia de los recursos de la sociedad a manos privadas, mediante turbios procesos de desincorporación que sólo han contribuido a crear una nueva clase empresarial sin compromisos con la sociedad.

5.    Los procesos de apertura comercial, de naturaleza meramente arancelaria, y los que recientemente han incorporado al país al marco de la globalización, han creado condiciones de extrema vulnerabilidad, en menoscabo no sólo de la soberanía nacional, sino del bienestar futuro de la población.

6.    La obsesión que los dirigentes nacionales tiene por los equilibrios macroeconómicos, ha privilegiado los intereses del mercado por sobre los intereses de la sociedad, al punto de que ésta última es ya una entelequia meramente discursiva. Para los neoliberales mexicanos, la sociedad ya no existe, sólo existe el mercado y el Estado se muestra, en todo momento, atento a satisfacer sus requerimientos.

7.    En atención al punto anterior, vale afirmar que los gobernantes, en sentido estricto del término, ha sido remplazados por simples administradores, insensibles a las demandas sociales e incapaces de actuar políticamente.

8.    Otra obsesión del neoliberalismo mexicano ha sido el control de la inflación como fin básico de la política económica, incluso por encima de otros fines de mayor urgencia social, como lo son el crecimiento y la generación de empleos. Para tal efecto, el mantenimiento de un tipo de cambio oscilante, en el marco de una banda de flotación, fue la medida antiinflacionaria básica; hoy, la divisa oxigenadora de la economía está sujeta a los vaivenes del mercado y a las turbulencias del exterior.

9.    No obstante las tesis de la economía de mercado, el factor trabajo, lejos de fijar su precio según la oferta y la demanda, se encuentra determinado verticalmente por una burocracia estatal y sindical que lo mantiene a niveles de infrasubsistencia humana; en cambio, los otros precios de la economía si son fijados mercantilmente.

10. Pese al discurso oficial, Estado mexicano carece de una política social sólida y consistente, puesto que responde más bien a criterios políticos, electorales y clientelares, que a programas estratégicos transexenales y de largo plazo que afectivamente atiendan la pobreza y la miseria, acentuados merced a la indiscriminada aplicación de las políticas  de libre mercado.

 

Habrá entonces que plantear los esquemas genéricos que contribuirían a conformar el nuevo Estado que el país requiere para transitar con dignidad al nuevo milenio. Ese Estado habrá de ser de señalado énfasis social, es decir, habrá de privilegiar a la sociedad por sobre el mercado y tendrá, en consecuencia, que asumir nuevos roles y nuevas funciones, de cara a las condiciones que plantea la apertura y la globalización, por cierto de dudosa irreversibilidad.

 

En este sentido y en el ámbito del nuevo orden económico internacional, enmarcado por el paradigma de la globalización, el debate se centra no en si el estado o el mercado, tampoco en si el estado debe o no disminuir su tamaño; en realidad, la discusión debería girar en relación a una redefinición del Estado mexicano a partir de la discusión de las nuevas reglas que hoy por hoy rigen de hecho las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado. Este es, a mi juicio, el verdadero sentido de la discusión política hacia la cual la sociedad mexicana debe orientar sus esfuerzos.

 

 



[1] Huerta González, Arturo, Economía mexicana más allá del milagro, Ediciones de Cultura Popular, México, 1986, p. 21

[2] Datos elaborados con base en Nafinsa, la Economía mexicana en cifras, 1974

[3] Huerta, Op. cit, p. 27

[4] Ibídem

[5] Op. cit, p.30

[6] Op. cit, p. 47

[7] Op. cit, p. 56

[8] Ibídem.

[9] Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, Sistema de cuentas nacionales de México, tomado de Arturo Huerta, en El Estado Nacional Revolucionario, versión en borrador, s/f, p. 90

[10] Arturo Huerta en El Estado…, op. cit.

[11] Ibídem.

[12] Angeles, Luis, Crisis y coyuntura de la economía mexicana, Edit. El Caballito, México, 1982, pp. 12-13

[13] INEGI-INAH, Estadísticas históricas, México, 1982

[14] Vale citar aquí la célebre frase de José López Portillo cuando indicó: “mi gobierno, es el último de la Revolución”.

[15] Cardera, María Elena y Quijano, José Manuel, “Expansión y estrangulamiento financiero: 1978-1981”, en CIDE, Economía Mexicana, No. 4, México, 1982, p. 172 (cuadro 1).

[16] Ibídem.

[17] CIDE, “Evolución reciente y perspectivas de la economía mexicana”, en Economía Mexicana, No. 4, 1982, p. 11 (cuadro 7).

[18] Tello, Carlos, La Nacionalización de la banca en México, Edit. Siglo XXI, México, 1984, pp. 72-73.

[19] Cardero, en “Expansión …”, op. cit, p. 180 (cuadro 3)

[20] Aguilar, Alonso,  “Acerca de la naturaleza de la crisis actual, en Naturaleza de la actual crisis, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1986, p. 32.

[21] Ornelas Delgado, Jaime, El neoliberalismo realmente existente, Colección Pensamiento Económico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Economía, México, 1997, p. 12.

[22] Anderson, Perry, “Balance del Neoliberalismo: lecciones para la izquierda”, mimeógrafo, conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1995; citado por Ornelas, ibídem.

[23] Ibídem.

[24] Op. cit, p. 8. A propósito de esta tesis de Hayek, vale la pena contrastar la opinión que el Presidente de México, Dr. Ernesto Zedillo, ha sostenido, para liberar a su gobierno de “neoliberal”, cuando afirma que “contra el oscurantismo económico que ha hecho del neoliberalismo el diablo de nuestro tiempo, cuando fue el estatismo el que provocó los daños que hoy padecemos”.

[25] Guerrero, Omar, El Estado en la era de la modernización, Plaza y Valdés Editores, México, 1982, p. 7.

[26] Op. cit, p. 14.

[27] Foxley, Alejandro, Experimentos neoliberales en América Latina, Albafeta editores, Colección de Estudios Cieplan, Núm. 59, Santiago de Chile, marzo de 1982, p. 5.

[28] Villarreal, René, Liberalismo social y reforma del Estado, México en la era del capitalismo posmoderno, Nafinsa/FCE, México, 1983, p. 288.

[29] Rosenthal, Gert, El futuro del desarrollo económico de América Latina en el contexto mundial, mimeógrafo, ponencia presentada a la XII Conferencia de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina (AFEIEAL), México, Octubre 16 de 1996. El autor fungía como Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[30] Aguilera Verduzco, Manuel, Una lectura keynesiana del liberalismo de los ochenta. La Teoría General: nueva y vieja ortodoxia, Colección Economía de los 90, Facultad de Economía, UNAM, México, 1992, p. 80.

[31] Se advierte que tales medidas fueron también implantadas en los Estados Unidos por Ronald Reagan. En México, el neoliberalismo injertado en nuestra realidad como país, suele denominarse como “neoliberalismo de corte tatcheriano y reganiano”.

[32] Perry Anderson, op. cit, p. 9.

[33] Op. cit, p. 6.

[34] Por cierto que estas medidas han sido conocidas en nuestros países como la “amarga medicina” del recetario monetarista o neoliberal.

[35] Ciertamente, en el lenguaje de los economistas de libre mercado, los países son ahora denominados “economías”, y aquéllos que recientemente empiezan a figurar en los nuevos escenarios de la globalización les han puesto el nombre de “economías emergentes”. Por otra parte, el término “actores económicos” les sirve ahora para designar a los seres humanos y a sus organizaciones.

[36] Es de recordarse aquí, la célebre frase de Adam Smith, cuando se refería al mercado como «la mano invisible», reguladora y ajustadora de la producción y distribución de los recursos y satisfactores sociales.

[37] Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Ariel Ciencia Política, Barcelona, 1992, pp. 192 y ss. En efecto, el liberalismo justifica, de entrada, la coexistencia de dos mercados: el económico, de bienes y servicios, y el político, cuyos contenidos son las “ofertas” ideológicas concretizadas en propuestas financieras. El «voto financiero», canalizado por la noción que impone la public choice es una viva expresión de estos mercados en perfecto correlato.

[38] Ibídem.

[39] Adam Smith y Jeremy Bentham.

[40] Jeremy Bentham, quien sostenía que “cada acción, sea cual fuere, se aprueba o desaprueba de acuerdo con la tendencia que aumenta o disminuye la felicidad”.

[41] Este “largo plazo”, luego de la gran depresión de 1929, hizo decir a Keynes su célebre frase: “A largo plazo todos estaremos muertos”, aludiendo a que el pleno empleo habría que acelerarlo.

 

[42] Smith, Adam, Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, Ed. Aguijar, Madrid, 1961, p. 601  (primera edición en inglés, 1766).

[43] Friedman Milton y Rose Friedman, Libertad de Elegir, Ed. Orbis, Biblioteca de Economía, Núm. 2, Madrid, España, 1983. p., 353. (Primera edición en inglés, 1980).

[44] Op. cit, p. 372.

[45] Es sorprendente la retórica tecnicista de los gobiernos mexicanos. El de Salinas y actualmente el del presidente Zedillo, han enfatizado la necesidad irrenunciable de mantener finanzas públicas “sanas” como condición necesaria para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la economía. Sin embargo, las finanzas públicas mexicanas lo que menos tienen es una condición saludable, pues por el lado de los ingresos es evidente el agotamiento de la política fiscal, débil en sus posibilidades recaudatorias y, por el lado de los egresos, también es evidente la imposibilidad de atender, con sentido de justicia distributiva, las crecientes necesidades sociales. En consecuencia, no se trata de “finanzas públicas sanas”, sino solamente de finanzas públicas en equilibrio. En un momento determinado, incluso, el expresidente Salinas llegó a ufanarse de haber logrado un presupuesto superavitario, cuando la finalidad del Estado no es el eficientismo presupuestal, sino atender los reclamos y las carencias sociales.

[46] Ornelas Delgado, op. cit, p. 21.

[47] Bien podría acomodar aquí la analogía respecto de que “estamos mandando a jugar a nuestra gente en el equipo de Michael Jordan pero en condiciones de desnutrición”.

[48] Los “presupuestos equilibrados” coinciden, de hecho, con el ánimo que la Hacienda pública clásica asumía, claramente en contraposición con la denominada «Hacienda pública moderna», que le da a las finanzas públicas una inspiración claramente social, en términos de su desarrollo integral.

[49] Tales medidas de política económica han demostrado, no obstante, no tener el éxito que sus panegiristas enarbolan. En Europa han sido rechazadas por 13 de los 15 países capitalistas y desarrollados de la Unión Europea, los cuales han dado un viraje a la recientemente denominada “nueva izquierda”, sustentada en las «social democracias» o «economías sociales de mercado». En México, las medidas del recetario neoliberal han creado las condiciones del no crecimiento, del no desarrollo y del empobrecimiento. 

[50] Esta es otra contradicción del esquema monetarista aplicado en México, pues por un lado se pregona la flexibilización de todos los precios, y por otro se contraen gubernamentalmente los salarios para evitar presiones inflacionarias por la vía de los costos y por la vía de la demanda.

[51] Esta medida ha provocado, en México, la desaparición de los sindicatos como factores reales de lucha por los intereses de las clases trabajadoras. El control gubernamental de los sindicatos ha sido una de las práctica neoliberales practicada, incluso, durante los gobiernos orientados por las políticas keynesianas. La misión histórica de la CTM, por ejemplo, ha siso y es actuar como contenedora de los salarios de los trabajadores mexicanos.

[52] Boltvinik, Julio, “Modelo económico pauperizante, en La Jornada, febrero 17 de 1995. Ver también información adicional respecto del citado agotamiento del modelo substitutivo de importaciones en Hernández Laos, Enrique, “Orígenes de la crisis industrial: el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Un análisis preliminar, en Cordera, Rolando (compilador). Desarrollo y crisis de la economía mexicana, FCE, Serie Lecturas, No. 39, pp. 456-533.

[53] Córdova, Arnaldo, La Formación del Poder Político en México, decimocuarta edición, México, 1985, pp. 13 y ss.

[54] Ornelas, op. cit., p. 25-26

[55] Resulta obvio que el ingenioso juego que contrapone al Estado de Bienestar o asistencialista, como un Estado obeso, ineficiente y a la vez corrupto, frente a un Estado esbelto y competitivo es, sin lugar a dudas, un excelente recurso retórico y a la vez una clásica falacia que los tecnócratas mexicanos han esbozado sin cesar . No necesariamente un Estado esbelto es, por ese sólo hecho, más eficiente. Si la eficiencia se mide en términos de rendimiento empresarial, entonces no es una eficiencia típicamente estatal, puesto que al Estado no le corresponden medidas de rendimiento financiero para demostrar su eficaz desempeño. Por otra parte, un Estado “obeso” o de gran tamaño dimensional, puede, no obstante lo anterior, ser altamente eficaz y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades sociales, políticas y económicas. Es un hecho que para los neoliberales mexicanos, el Estado es una macroempresa más en el juego conjunto de la economía. Por último, es claro que un Estado fuerte no necesariamente significa un Estado grande.

[56] Es preciso señalar que los políticos neoliberales, en México, siempre han confundido el concepto «sanear» con el de «equilibrar». Es por demás evidente que las finanzas públicas mexicanas nunca han sido finanzas sanas, y que en todo caso, las políticas neoliberales lo único que han hecho ha sido contribuir al equilibrio presupuestal, lo cual si bien es una conquista, producto de la disciplina en el manejo de la política fiscal, no es sin embargo una garantía de que el Estado esté contribuyendo con ello al logro de su función guía que es la justicia distributiva.

[57] Salinas de Gortari, Carlos, “Liberalismo Social, nuestro camino”, en Examen, revista del Partido Revolucionario Institucional, año 3, No. 535, abril de 1992.

[58] Ver Nexos, Salinas de Gortari, Carlos, en “Reformando al Estado”, No. 148, abril de 1990.

[59] A propósito del TLC con América del Norte, vale decir que se trató de un proyecto emergente que se transformó en todo un programa de gobierno; un proyecto al que se subordinó toda la política y toda la intención del régimen salinista. Se trató de un proyecto emergente y coyuntural, entre otras razones, porque si se revisa el Plan Nacional de Desarrollo para el Gobierno Federal de Salinas, nada contiene, en materia de política comercial y económica, que se refiera, ni por asomo, a una siquiera remota intencionalidad de firmar un tratado de esa naturaleza. Existen, por supuesto, referencias a la necesidad de incrementar la presencia del país en las exportaciones, pero nada más.

[60] Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Programación y Presupuesto, México, mayo de 1989.

[61] PND 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 1995.

[62] Huerta Quintanilla, Rogelio, “La medición de la ventaja comparativa en el sector manufacturero de México”, Investigación Económica, Vol. LV, No.211, Facultad de Economía, UNAM, México, enero-marzo de 1995, pp. 69-96.

[63] Criterios generales de política económica para 1995.

[64] Tales inversiones convirtieron a la economía nacional en una suerte de “casino”.

[65] Ver Lustig, Nora, “México y la crisis del peso: lo previsible y la sorpresa”, en Revista de Comercio Exterior, Vol. 45, No. 5, Bancomext, México, Mayo de 1995, pp. 374-382

[66] Ibídem.

[67] El Financiero, enero 14 de 1995.

[68] Ortiz Martínez, Guillermo, “Cómo estamos manejando la crisis del peso”, originalmente publicado en The Wall Street Journal, el 5 de enero de 1995 y dado a conocer en México un mes después por la revista El Mercado de Valores, Nafinsa, año LV, México, febrero de 1995, pp. 16-18.

[69] Informe Anual del Banco de México, 1994; en El Mercado de Valores, Nafinsa, año LV, No. 6, México, junio de 1995, pp. 13-20.

[70] Torres Gaytán, Ricardo, op. cit.

[71]  El término “liberal”, forma parte de la conciencia histórica mexicana, pero únicamente si se le asocia con el movimiento de la reforma, en tanto contraparte y oposición de los “conservadores”. Hábilmente se quiso vincular el liberalismo económico con el liberalismo histórico en el sentido juarista del término, que no es otro que el equivalente al librepensamiento vanguardista.

[72]  Faya Viesca, Jacinto., Finanzas Públicas, Porrúa, México, 1981, p.  45.

[73]  Convendría analizar las políticas financieras de Francia, España, Italia o Alemania, por citar algunos, en materia de prestaciones y asistencia social. En estas economías, la noción de presupuestos deficitarios es perfectamente entendible y justificable, sólo si se atienden los intereses de los contribuyentes y ciudadanos. Aquí los impuestos son pagos no solamente legales, sino legítimos.

[74] Es del dominio popular que esta frase fue acuñada por Carlos Salinas de Gortari en defensa de su política económica, luego de desatada la crisis del 94, justo al inicio de la administración de su sucesor.

[75]  Conviene aclarar que este término, aunque huela a marxismo, no se usa bajo esa concepción en este trabajo.

[76]  La recurrencia de las crisis económicas, precisamente durante los fines de sexenio, demuestra que existe una notable asociación entre el comportamiento de la economía  y los procesos de transición del poder dentro del sistema político mexicano. Tales procesos, caracterizados por la hegemonía de un solo partido y por las condiciones antidemocráticas en que se dan, estrangulan y ponen en riesgo la actividad económica nacional. Por ello, las devaluaciones recientes, -independientemente de las causas exógenas que tengan-, no pueden dejar de relacionarse con las condiciones políticas del régimen  autoritario que vivimos.

[77] Datos del Banco de México preparados por Francisco Abarca Escamilla en Claroscuros, Neoliberalismo en entredicho, El Financiero, Mayo de 1996.

[78]  Datos del Banco de México, 1996.

[79]  Se manejó mucho durante los tiempos previos a las reformas al artículo 27 de la Constitución, que por cierto los diputados del régimen aprobaron con el consabido mayoriteo, la idea de que el Estado no iba ya a privilegiar más los “paternalismos” en el campo, puesto que dados los tiempos que estabamos viviendo, -en el marco del TLC-, esas políticas proteccionistas resultaban fuera de la realidad. Los cambios inspirados en las posturas del libre mercado tomaron por sorpresa a un sector de atraso atávico que, a la fecha, no puede salir del problema financiero y productivo en que se encuentra.

[80] Cetes, Tesobonos, etc.

[81]  Discurso pronunciado en Zacatecas, con motivo de una gira presidencial de trabajo durante algún domingo del mes de junio de 1996.

[82]  Datos de INEGI dados a conocer en 1992.

[83]  El término “sin precedentes” es curioso en la literatura económica mexicana. Aparece cada seis años, precisamente para referirse a crisis que siempre son “sin precedentes”.

[84] En “Política Neoliberal y Distribución del Ingreso”, artículo editorial publicado en  El Financiero, mayo de 1996.


Página: 1
 [ninguna1]