[ninguna1] EL NEOLIBERALISMO O EL DEBATE POR LA SOCIEDAD

 

 

 

2.0. La economía substitutiva de importaciones

 

La segunda guerra mundial creó las condiciones necesarias para facilitar el fomento industrial de México, debido a que los países desarrollados estaban ocupados en producir armas. El cierre de los mercados europeos y la desviación de los esfuerzos productivos de la industria estadounidense hacia los requerimientos bélicos, le allanaron a México el camino para su expansión.

 

En efecto, el cierre de las fronteras ciertamente configuraba niveles de rentabilidad suficientes para avanzar en el proceso de industrialización por medio de la sustitución de importaciones. El auge fue tal, que por ejemplo en 1946, la inversión industrial fue 5 veces mayor que la registrada en 1939. Con la terminación del conflicto y con la consecuente expansión del dominio norteamericano en la economía mundial, el proceso se revirtió, pues la recomposición del aparato productivo norteamericano y los reajustes de la posguerra, que se tradujeron en una disminución de la demanda internacional de materias primas, generaron efectos notablemente depresores en la economía mexicana, lo que la colocó en una posición altamente vulnerable en tanto que sólo había propiciado un aparato productivo orientado exclusivamente a la exportación de productos primarios. Por otra parte, la demanda que los países subdesarrollados habían logrado cultivar en su favor, de pronto se dirigió a los Estados Unidos, lo cual desestimuló su crecimiento industrial y contribuyó a incrementar el déficit comercial externo. México no fue la excepción.

 

       En consecuencia, el Estado mexicano se vio en la necesidad de tener una cada vez mayor injerencia en las estrategias del desarrollo, ante las insuficiencias del sector industrial y el bajo crecimiento del empleo, además de que de esa manera legitimaba su posición de «Estado fuerte» y conductor del proyecto revolucionario. Así, para incentivar el crecimiento de la industria, entre otras medidas, el gobierno federal tomó las siguientes:

 

·       La creación de bancos de fomento (Nafinsa entre otros) para impulsar el desarrollo industrial.

·       Un mayor establecimiento de empresas públicas en sectores estratégicos y en aquellas industrias cuyos altos requerimientos de capital y bajas condiciones de rentabilidad desestimulaban la inversión privada.

·       El establecimiento de una política de precios de garantía de los productos agrícolas, dirigida a configurar bajos costos de materias primas y de fuerza de trabajo.

·       La aplicación de políticas de subsidios y exenciones fiscales a determinados sectores.

·       La utilización de una política salarial restrictiva que va de 1938 a mediados de los años cincuenta, la cual pasa a ocupar un papel importante en los niveles de rentabilidad que impulsaron el proceso de industrialización.[1]

 

El Estado nacional incrementó su gasto, en función del objetivo de asumir efectivamente su papel de impulsor y promotor del desarrollo, de conformidad con los ideales de la Revolución de 1910 y seguramente asumiendo los dictados del concepto emergente de la Hacienda pública moderna, inspirada a su vez en los preceptos del Estado «administrador de la demanda», para alcanzar un cierto nivel de empleo, y del Estado «Benefactor», para contribuir a una redistribución del ingreso. La orientación de este gasto se dio hacia la creación de obras de infraestructura económica y social, y al desarrollo de los sectores estratégicos. A partir de los años cuarenta, tienen una participación creciente las inversiones públicas destinadas al sector industrial (grandes obras hidráulicas e inversiones agrícolas). Sin embargo, los gastos públicos no iban acompañados de una política de ingresos capaz de financiarlos, creando con ello una disfunción en las finanzas públicas, alejándolas de la inspiración doctrinal francesa.

 

En efecto, la política de ingresos públicos en México, a la fecha, se ha caracterizado por una baja captación tributaria, en parte por una deficiente capacidad de fiscalización del Estado, y en otra, debido a el bajo potencial de ingreso de la población; este fenómeno ha determinado un significativo rezago respecto de sus requerimientos financieros, mismos que en los tiempos actuales de economía de mercado, de paradigma neoliberal, se han acentuado por la gran crisis fiscal que significa el tener atada toda una economía a los precios y a los ingresos del petróleo. Estas condiciones de operación de las finanzas públicas, le configuraron al país serios déficits presupuestales, mismos que al aumentar la demanda, generaron condiciones de rentabilidad y de crecimiento para el sector privado, aún mayores que las que hubieran sido posibles en condiciones de equilibrio fiscal. Otras condiciones que acompañaron el proceso de crecimiento en los años sesenta son las propiamente productivas. En efecto, el sector industrial manufacturero ofrecía una amplia frontera de inversiones rentables a raíz del holgado proceso de diversificación de la producción, derivado del avance tecnológico de los países desarrollados e incrustado por las empresas transnacionales. Aquí, es preciso destacar que la dinámica manufacturera se da más por este proceso, que por el modelo de la sustitución de importaciones, el cual se dio más en los años cincuenta que en los sesenta. Cabe recordar, por otra parte, que el crecimiento con inflación que se produce de 1939 a fines de los años cincuenta, se explica en gran medida por la incapacidad de las condiciones productivas internas, tanto para configurar altos niveles de rentabilidad (con estabilidad de precios) como para hacer frente al aumento de demanda, derivado de un mayor gasto público.

 

       Otras condiciones, en este sentido, son las financieras. Evidentemente, los excedentes financieros fueron el resultado de las condiciones de crecimiento, tanto de la productividad, como de la producción, además de que se configuró una buena estabilidad de las variables monetarias. Estos excedentes de recursos propiciaron un crecimiento del sector financiero, el cual contribuyó al financiamiento del sector público y del privado a muy bajo costo. Por ejemplo:

 

“…de 1960 a 1979, el financiamiento concedido por el sector bancario creció, en términos reales, en 13.2% promedio anual. Este proceso favoreció más al sector público que al privado, ya que el financiamiento otorgado al primero creció 19.5% promedio anual, y el dado al otro sólo lo hizo 11.8%.[2]

 

Esto es una evidencia que comprueba de qué manera el sector financiero dependió, en su tamaño y dinámica de crecimiento, del comportamiento de la economía en su conjunto. En los tiempos actuales de economía de mercado, el sector financiero obedece, en cambio, a la racionalidad de la especulación, alimentada por la apertura comercial y por la globalización de los mercados.

 

 

2.0.1 La intervención del Estado en la economía

 

El sector industrial y sobre todo las ramas manufactureras más dinámicas, son las que han ejercido mayor presión para determinar la ubicación de la inversión pública y de la política económica en general a su favor. En tal sentido, es de destacarse  algo peculiar en el caso mexicano, dado por el hecho de que la estructura de la inversión pública privilegió al sector industrial en detrimento del sector agrícola, lo que generó condiciones de pobreza y marginación en ese sector, creando también las bases para la futura desmantelación del aparato productivo agrícola.[3] Aparece ya la política de protección del mercado interno, así como la política económica que privilegia, en gran medida, las necesidades de industrialización y crecimiento, lo cual contribuyó a configurar las características que ha asumido el sector industrial mexicano, caracterizado por su adhesión a la tutela gubernamental. Sin embargo, lo que realmente el gobierno se había planteado era alcanzar el objetivo de industrializar al país a toda costa, y sobre todo, de permitir y estimular que dicho proceso de industrialización fuera comandado por el sector privado de la economía. Sin embargo, en tal aventura, el Estado desconsideró algunos aspectos importantes, entre los cuales destacan cuando menos cinco:

 

1.    Las características que el proceso asumiría en lo referente a la estructura productiva.

2.    Los grados de integración ínter e intra sectoriales.

3.    Los grados de vinculación tecnológica y comercial con el exterior.

4.    Los niveles de generación del empleo.

5.    La satisfacción de las necesidades mínimas de vida de la mayoría de la población, entre otras cosas.

 

Otras características del proceso de industrialización fueron las siguientes:

 

·      La asociación con el auge de las economías capitalistas desarrolladas de la posguerra.

·      El crecimiento de estas economías provocó la internacionalización del capital, tanto por la vía de las empresas transnacionales como por la exportación de mercancías y de capital financiero.

·      Por lo tanto, el proceso de industrialización de México quedó fusionado a los crecientes niveles de penetración de los capitales transnacionales.

·      Lo anterior, dispuso a la economía mexicana a una creciente articulación con los países capitalistas desarrollados, lo cual anuló los esfuerzos de integración nacional.

·      La dinámica de acumulación del capital predominó en la industria manufacturera, obligando al capital nacional a importar tecnología en forma creciente para renovar la planta industrial y poder permanecer en el mercado.

·      La tasa de ganancia y la sobrevivencia del capitalista, llevaron a la economía nacional a una integración tecnológica respecto de las economías capitalistas desarrolladas; es decir, al ocupar un papel determinante el factor rentista, se descuidaron aspectos tales como la integración interna (muy escasa), la insuficiente generación del empleo y el impacto sobre el sector externo. Estos son problemas claramente resultantes de la lógica de comportamiento de los capitalismos dependientes.[4]

 

En síntesis, la dinámica de industrialización del país estuvo condicionada por la oferta tecnológica existente en los países capitalistas desarrollados, la cual tiene características que atentan contra la mejor utilización de los recursos internos”.[5] Son estos los tiempos de apogeo de la educación superior técnica, pues el Estado reconoce la necesidad de que los sectores industriales cuenten con recursos humanos altamente capacitados para hacer frente al despunte de la economía. En consecuencia, la inversión del Estado en la educación superior se ve acrecentada, sobre todo con la fundación del Instituto Politécnico Nacional y la apertura de las licenciaturas del área económica administrativa en la UNAM. Paradójicamente, hoy y de cara a la creciente competitividad que representan los mercados internacionales, y en el marco de una economía guiada por criterios de libre mercado, el Estado, lejos de contribuir a la expansión de la educación superior, se retira aduciendo que no es ya totalmente suya la responsabilidad de financiar a las instituciones de educación superior, creando con ello nuevas condiciones de dependencia en capital humano y social, que ciertamente colocan a la sociedad mexicana en desventajosas condiciones que, de hecho, le cancelan a sus integrantes oportunidades de acceso a los mercados laborales emergentes y a mejores condiciones de vida.

 

       Además del punto anterior, relacionado con la inversión en capital humano y social, el proceso de industrialización del país presenta graves contradicciones. Algunas de las más importantes se reportan en la forma siguiente:

 

a)    El proceso de crecimiento industrial del país promovió una escasa integración del sector industrial con el resto de la economía, y simultáneamente al interior del sector, entre una rama industrial y otra. Esto incrementó notablemente los desequilibrios de la actividad productiva y se marginó la utilización y el desarrollo de procesos de fabricación más adecuados a la dotación de recursos existentes internamente. Lo anterior provocó, a su vez, una utilización irracional de recursos desde la perspectiva de un desarrollo más autónomo y equilibrado.

b)    Déficits comerciales externos crecientes. Esta forma de crecimiento se tradujo en mayores déficits del sector externo, debido tanto al acelerado crecimiento de las importaciones para alimentar las tecnologías en uso, como a la incapacidad productiva y competitiva para generar las divisas necesarias para financiar dichas importaciones. Así, las ramas más dinámicas fueron las que más contribuyeron a la generación de los déficits comerciales externos, propiciando un ahondamiento en los desequilibrios de las finanzas públicas, pues fue necesario acudir a endeudamiento para financiar dichos déficits.

c)    Durante la primera parte de los años sesenta, se observa una disminución del crecimiento de la productividad y de los volúmenes de producción industrial, lo que se encuentra relacionado con las crisis de las economías industrializadas, especialmente con la norteamericana, dada la gran dependencia tecnológica a la que está sujeto el desarrollo industrial del país. Ya para inicios de los setenta, se observa una contracción de la inversión privada y una disminución en la incorporación de tecnologías altamente productivas. Además, inciden en ello los altos niveles de capacidad ociosa que se presentan en ciertas industrias ante problemas de realización de sus productos.

d)    Ante la imposibilidad de los capitalistas por mantener altos ritmos de acumulación, merced a la actividad industrial contraída, deciden aumentar sus precios para mantener sus tasas de ganancia, rompiendo así la estabilidad de precios que se había alcanzado en la década anterior. La inflación así generada repercutió en el sector financiero y en la balanza de pagos.

e)    Hay que destacar la diferencia entre la capacidad productiva y el mercado, acentuada por la concentración del ingreso que provoca un comportamiento irregular de la demanda, debido a que se margina al grueso de la población “de los frutos del progreso técnico”.

f)     Se observan ya serias dificultades para avanzar en la sustitución de importaciones, que durante los sesenta había logrado una reducción en el coeficiente de importación. Pero esto exigía que la industria interna acelerara su ritmo de expansión, imponiéndole al resto de la industria una mayor internacionalización de procesos productivos, debido a que la relación interindustrial “exige que las ramas ligadas a ella internamente, incorporen métodos de producción capaces de responder a sus requerimientos”.[6] Pero las mayores necesidades de importaciones que requería la dinámica industrial mexicana no fueron cubiertas con sus propias exportaciones, debido a las deficiencias y carencias productivas internas. ¿Qué sectores lo hicieron? Básicamente hay que destacar el papel del sector agrícola y del sector del turismo.

g)    Encontramos también fuertes contradicciones entre el déficit público y el endeudamiento externo. Las modalidades asumidas por la política fiscal han estado asociadas a las exigencias de la dinámica económica del país. La política de gasto público, por ejemplo, creció dirigidamente a crear obras de infraestructura en apoyo de sectores estratégicos. Esto se acompañó de políticas de subsidio y de mecanismos de transferencia a ciertos sectores y ramas productivas para impulsar su desarrollo. Además, los gastos de bienestar social, que favorecieron a ciertas capas de la población a efecto de mitigar los problemas sociales emanados de la dinámica económica, no fueron sino meros instrumentos aislados y ausentes de una auténtica política social. Así, en la medida en que la dinámica económica no generaba condiciones productivas y financieras, así como una demanda capaz de configurar niveles de rentabilidad óptimos para propiciar y permitir el crecimiento endógeno en forma sostenida, se tuvo que recurrir al déficit público creciente para contrarrestar las contradicciones del sistema.

 

Resulta claro que una economía no puede crecer, de modo permanente, con base en políticas de déficit público y con altos niveles de endeudamiento externo, los cuales a su vez se generan para crear las condiciones necesarias para estimular la demanda y obtener así los recursos requeridos para financiar el déficit del sector externo. Así, el déficit público y el endeudamiento externo, solo contribuyen a reproducir las prácticas de funcionamiento existentes y no contribuyen sino a agudizar las contradicciones del sistema.[7] Por otro lado, la dinámica económica que impulsan el déficit público y el endeudamiento externo, repercute en mayor déficit del sector externo (lo que a su vez impacta en mayor endeudamiento externo) y en inflación, tanto por la creciente carga del pago del servicio de la deuda externa como por el alto coeficiente importado de la producción y, además, por la insuficiente capacidad productiva interna para satisfacer la demanda adicional generada.”[8] Se produjo así un círculo vicioso, cuyas consecuencias fueron desastrosas para la economía, las finanzas públicas y el nivel y la calidad de vida de la población.

 

       Muchos factores de incidencia económica condujeron al agotamiento del modelo substitutivo de importaciones; en todo caso, es un hecho que al inicio de la década de los setenta, empiezan a manifestarse los primeros síntomas de agotamiento del modelo global de desarrollo implantado desde tres décadas atrás. Tales síntomas, por ejemplo, se hacen evidentes cuando se registran los datos comportamentales del PIB, el cual durante los setenta creció anualmente a una tasa del 7%, mientras que en los ochenta lo hizo al 5%. Por otra parte, el carácter asumido por el desarrollo industrial, apoyado en diversas formas por el Estado, favoreció el proceso de monopolización, generó además fuertes desequilibrios estructurales y serias deformaciones en el mercado interno, así como en los patrones de consumo, asociados siempre a una alta polarización del ingreso. Las presiones inflacionarias agudizaron estas dinámicas de la economía y modifican los precios en favor de la industria, en tanto el crecimiento del mercado interno sufrió rezagos aún más graves. Bajo estos escenarios reales, las decisiones de inversión se pospusieron y la creación y ampliación de nuevas plantas productivas se cancelaron. Durante estos años, el diseño de la política industrial quiso romper estos cuellos de botella tratando de promover la producción de bienes intermedios y de capital, readecuando el sector paraestatal y redefiniendo las prioridades en la política de comercio exterior, ya por el lado de las promociones arancelarias o ya por el de la política fiscal; también se acudió al expediente de descentralizar las actividad industrial y de reglamentar la inversión extranjera.

 

       Sin embargo, estos esfuerzos no cumplieron con las expectativas gubernamentales. El agotamiento del modelo industrial, que fue la base esencial del esquema substitutivo de las importaciones, empezó a hacerse evidente desde los primeros años de la década de los setenta. Las diversas ramas de la industria perdieron dinamismo en su comportamiento económico; por ejemplo, la rama manufacturera, que había crecido a un ritmo promedio anual de 8.4% entre 1960 y 1970, se contrajo abruptamente a 5.2% durante al menos los 7 años siguientes. Más grave fue el comportamiento de las siguientes ramas industriales, cuyas tasas de crecimiento anual decrecen en la siguiente forma:

 

Productos metálicos, de 14% a 6%

Metales, de 9% a 1,4%

Eléctricos, de 12.8 a 7.5%

Vehículos, de 12.6% a 8.6%[9]

 

Para Arturo Huerta, “la continuidad en el patrón de industrialización implementado (sic) desde varias décadas atrás era frenada por las múltiples contradicciones generadas en su propio desarrollo. Por un lado, se mostraba ya con claridad la estrechez estructural del mercado interno, así como las fuentes de financiamiento de la política substitutiva de importaciones”.[10]  Agrega el autor:

 

 “…una industrialización sesgada desde su origen por un patrón de consumo orientado a satisfacer las necesidades de las capas altas y medias de la población, dependiente tecnológicamente del exterior, incapaz de generar posibilidades de expansión de sus propios mercados y que por décadas se mantuvo bajo la tutela de las política fiscal y de comercio exterior, se encontraba necesariamente inmersa en el círculo vicioso de sus propios sesgos estructurales.”[11]

 

Por otra parte, se precisa señalar que la rigidez del aparato productivo en relación a las importaciones y la fuerte dependencia estructural de la economía mexicana con respecto al exterior, se evidencia con el comportamiento de la balanza de pagos. Cada vez que la tasa de crecimiento de la economía sobrepasaba el 6% anual, el déficit se acentuaba más que proporcionalmente. Por ejemplo, en 1964 el PIB fue de 11.7 y el déficit se duplicó con respecto a 1963; en 1968, el PIB fue de 8.1 y el déficit se duplicó con respecto a 1965 y 1966.

 

       Tras la escasa entrada de dólares a la economía, el mecanismo con el que se pudo financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, fue la inversión extranjera directa y la contratación de préstamos. De manera que el uso del ahorro externo substituyó, en principio al ahorro nacional, siempre insuficiente, y en segundo lugar, suplantó la insuficiente generación de divisas; finalmente, el uso de la deuda externa se constituyó en el dispositivo preferido, y en todo caso el más expedito, para financiar el gasto público, lo que demuestra que, desde entonces, la política fiscal propiamente dicha, se perfilaba como insuficiente para financiar las necesidades del Estado.[12] En suma, el rápido crecimiento de las importaciones y el relativamente lento desenvolvimiento de las exportaciones, causaron un permanente desequilibrio externo, que al paso de los años llegó a ser el principal obstáculo del crecimiento económico de los años por venir. 

 

 

2.0.2. El fin del Estado Interventor

 

La evidente crisis que la economía mexicana expresó a partir del denominado «agotamiento» del modelo substitutivo de importaciones, hizo igualmente insostenible el esquema de política económica que el Estado nacional revolucionario implantó para concretar su proyecto social, inspirado en el movimiento revolucionario de 1910. El Estado Benefactor, supuesto o real, populista o social, tuvo que ser duramente cuestionado y gradualmente redefinido. Los años comprendidos entre 1977 y 1982, son los años de la recuperación de los estragos vividos y también los años de la recuperación coyuntural. Pero también representan el fin del Estado interventor, la conclusión de un modelo de Estado social, cuya política económica se enfrentó a condiciones reales que le impidieron, bajo el perfil adoptado, avanzar en el proyecto de nación prohijado. En consecuencia, el paradigma de Hacienda pública que implicó, también fue gradualmente modificado.

 

       En efecto, durante 1977, la política económica estuvo orientada básicamente a paliar las condiciones de la «recesión con inflación» y, por otro lado, a diseñar la estrategia de recuperación, que se centró coyunturalmente en la dinámica internacional de los precios del petróleo, con lo cual el país fue colocado en la órbita de las eventualidades y con ella, su destino económico. Por supuesto, el bienestar de la sociedad fue igualmente apostado al futuro comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos. Sin embargo, la vinculación de la economía mexicana al petróleo no era, de ninguna manera, una novedad, pues dos años antes, en 1975, la industria petrolera participaba ya con el 50% de la inversión programada del sector público y para el periodo comprendido entre 1979 y 1982, la participación de los ingresos petroleros ascendía a 63%.[13] En el ámbito de las finanzas públicas, aparecían escenarios que le configuraban al Estado cierta “tranquilidad”, pues el presupuesto público parecía complacientemente descansar en la holgura de los ingresos aportados por PEMEX. Por ejemplo, la política de gasto público del gobierno federal, durante este periodo, estuvo sensiblemente asociada a los indicadores de las reservas probadas de hidrocarburos. Así, mientras estas reservas de crudo, en 1970, registraban 5.5 miles de millones de barriles, para 1977, las reservas se habían prácticamente triplicado, alcanzado un nivel de 16 miles de millones de barriles. En 1981, las reservas se estimaban en 72 miles de millones de barriles. Esta bonanza petrolera, aunada a los precios en alza del crudo, llevaron al gobierno a estacionar la estrategia de recuperación en “la administración de la abundancia”, según palabras del entonces presidente José López Portillo.

 

       El impulso del nuevo arquetipo de industrialización, requirió que el Estado, todavía nacionalista y revolucionario[14], recurriera a enormes montos de inversión cuyas proporciones se indican con el dato siguiente: en sólo cuatro años, entre 1978 y 1981, la tasa anual de crecimiento de la inversión pública fue del 24%, porcentaje que es el doble de la inversión ocurrida durante los años 1970-1978. Es decir, en cuatro años, la inversión fue el doble de lo que se dio en ocho. Como resulta evidente, el impulso petrolero movió a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Los siguientes datos, muestran el comportamiento de ésta:

 

Entre 1971 y 1977, la inversión privada nacional creció en un 11.3%

Entre 1978 y 1981, aumentó al 39.5%

Si se considera la inversión extranjera, esta creció, en los mismos periodos, de 9.5% a 58.4%

Así, la inversión total, entre 1978 y 1981, creció el 40% anual.[15]

 

Asimismo, entre 1977 y 1981, las tasas de crecimiento del PIB, sujetas por supuesto a la dinámica petrolera, fueron del orden del 8%, promedio anual. En el sector no petrolero, las tasas fueron similares. El sector menos privilegiado por el empuje petrolero fue, como siempre, el agropecuario, el cual en lugar de crecer, decreció, pues del 6% durante 1978, se contrajo al 3% durante 1979. En 1980 observó una recuperación del orden de 7.2%, de modo tal que la tasa promedio durante el periodo fue de 4.1% anual.[16]

 

       Por su parte, el sector industrial de la economía observó una tendencia promedio global muy similar a la del conjunto de la economía, o sea, a la del PIB. Fue en los denominados «bienes de inversión» en dónde se registraron los más elevados crecimientos: en 1978 crecieron el 23%; y durante el periodo la tasa de crecimiento de estos bienes de inversión fue del 15.6%. Por su parte, los «bienes de consumo duraderos» crecieron al ritmo de 14%. El sector de la construcción, que es uno de los más sensibles a las variaciones de los ciclos económicos, entre 1977 y 1981, creció a tasas promedio anuales superiores al 12%.[17] El mercado interno, por fin, encontraba los espacios que favorecían su crecimiento.

 

       Para muchos analistas del comportamiento económico nacional, lo ocurrido durante los años 1977-1982, no es nada más un boom petrolero, sino también un boom industrial, ciertamente sujeto y articulado a la dinámica del crudo. El hecho es que este fenómeno contribuyó a reforzar las tendencias estructurales de la balanza comercial, pues la recuperación económica que aquí se relata estuvo dramáticamente ligada a fuertes importaciones de bienes de capital. El déficit de esta balanza pasó de 1,054.7 millones de dólares en 1977 a 4,510 millones de dólares en 1981, independientemente de que las exportaciones de PEMEX pasaron de 1,031.1 millones de dólares en 1977 (22% de total), a 13,305.3 millones de dólares en 1981, que representan el 74% de las exportaciones totales de la economía.[18]

 

       Sin embargo, aquí la nota triste es el agravamiento del déficit de la balanza comercial y otra más: el nuevo proyecto de industrialización articulado al petróleo devino en un crítico y acentuado endeudamiento externo. Por ejemplo, el saldo histórico de la deuda pública mexicana en 1976, era de 15,338.2 millones de dólares; para 1980 esta cifra se duplicó y en 1981, con un crecimiento próximo al 50%, alcanzó la cifra de 43,893.4 millones de dólares. La deuda del sector privado, por su parte, se movió de 4,463.7 millones de dólares en 1976 a 17,334.7 millones de dólares en 1981.[19]

 

       Desde este momento la deuda externa deviene en un problema medular y mayúsculo, al grado que se convierte en una barrera, en un serio obstáculo al crecimiento económico de México y en un dramático acicate a su soberanía nacional; la deuda externa constituye, sin duda, una verdadera lacra que marcó el destino nacional durante poco más de una década y que significó una permanente sangría de recursos que debilitó las finanzas públicas del país, haciendo de los presupuestos financieros de esta época, llamada no sin razón la «década perdida», verdaderos instrumentos para servir a los acreedores y para despojar a la sociedad de los beneficios y de la infraestructura que canceló el futuro de millones de mexicanos,  dejando a la sociedad mexicana en condiciones de rezago, pobreza y marginación que, con el retiro del Estado de la actividad económica y el advenimiento de las medidas neoliberales, devinieron en condiciones de miseria.

 

 

 

 

 

2.1. La emergencia del neoliberalismo

 

A finales de la década de los setenta, como quedó establecido en el punto anterior, la capacidad del Estado mexicano para sostener el ritmo de crecimiento económico del país, de cara a la crisis económica mundial y dentro del marco de sus propias contradicciones, fue duramente cuestionada. ¿Podía el Estado hacer frente a la nueva situación, caracterizada por el excesivo endeudamiento de los países en desarrollo? Esta pregunta no sólo fue hecha por los países en crisis, sino también por el mundo desarrollado, ya que es éste, en todo caso, el exclusivo acreedor de las naciones subdesarrolladas.

 

       La crisis de referencia no fue solamente una crisis económica per se, sino que también fue una crisis de regulación, puesto que los instrumentos tradicionales puestos en manos del Estado, mostraron de pronto una emergente incapacidad para frenar la profundización de la recesión económica y ofrecer, además, estabilidad y confianza al proceso de acumulación del capital. La «regulación», al decir de Alonso Aguilar, no se refiere únicamente al empleo de “ciertos instrumentos o de determinadas políticas, sino al mecanismo de operación de las leyes económicas y la relación entre ambos, y en un sentido más profundo, el sistema conforme al cual el capitalismo intenta asegurar la continuidad del proceso de acumulación del capital en cada etapa de su desarrollo”.[20] A finales de la década en cuestión, la teoría económica se encuentra girando en torno al desarrollo de posturas críticas que cuestionan la vigencia de los modelos económicos asociados o derivados de la teoría keynesiana, que defiende la postura de que una estrategia económica emitida por el Estado es un agente activador de la actividad económica de la sociedad. En contraposición con esta postura, esta la sugestión de otorgar a los particulares la iniciativa de que sean ellos, y no el Estado, los actores promotores del crecimiento de la economía y del equilibrio económico. Esto implica transitar del empleo de esquemas de planificación inductiva centralizada y del uso del gasto público como elemento acelerador de la demanda, al pleno funcionamiento del mercado, como mecanismo optimizador de las funciones de asignación y distribución de los recursos productivos de la sociedad. De esta manera, el así denominado neoliberalismo, entra en sustitución del keynesianismo, en todas sus formas y modalidades. Sin embargo, el modelo neoliberal no es originario de los setentas, sino que nace como una propuesta “teórica” justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por una virulenta reacción, tanto política como económica y financiera, en contra del Estado Benefactor, por naturaleza intervencionista.

 

Sostiene Ornelas Delgado, que “su texto de origen, escrito por Friederick A. Hayek y publicado en 1944, se titula «Camino a la servidumbre»” y que en él, el autor “hace severas críticas tanto al fascismo como al socialismo, identificándolos y convirtiéndolos en los enemigos de la libertad individual”.[21] Hacia 1947, conocidas y extendidas las ideas de Hayek, pero aún con escasa aceptación, convoca éste a una reunión en la ciudad de Mont Pélerin, Suiza. Esta convocatoria, al decir de Perry Anderson, es asistida exitosamente, pues acuden, entre otros, Milton Friedman, Karl Poper, Lionel Robins, Ludwig Von Mises, Walter Lippman y Salvador de Madariaga.[22] De esta reunión surge la «Sociedad de Mont Pélerin», la cual es una suerte de “francmasonería” neoliberal, altamente dedicada y organizada y con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito es combatir al keynesianismo y al solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo duro y (sobre todo) libre de reglas para el futuro.”[23]

 

       El trabajo de esta «sociedad» fue arduo, ya que el capitalismo internacional entraba en una fase larga de auge sin precedentes. Las décadas de los cincuenta y los sesenta, presentan el crecimiento más rápido de la historia capitalista, y era natural que los presagios neoliberales, acerca de los riesgos que representaba el intervencionismo estatal, no fueran recibidos con la alarma ni con la verosimilitud de sus promotores, agremiados en la citada Sociedad de Mont Pélerin. De esta manera, no es sino hasta la crisis del ciclo capitalista, que ocurre a finales de los sesenta y que se consolida en la década siguiente, cuando el modelo keynesiano estatista se vio sometido a una severa crítica. El mundo capitalista desarrollado, surgido en la posguerra, entró en una larga y profunda recesión, combinando por primera vez bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación. Hayek y sus seguidores sostenían tesis como las siguientes:

 

 “Las raíces de la crisis estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que habían socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reinvindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales”.[24]

 

De frente a esta premisa, lo que se deduce es que debe sobrevenir una modernización del Estado, toda vez que las políticas benefactoras, al decir de Hayek, Friedman y compañía, generaron un sistema asistencialista costoso y sobre todo despilfarrador de los recursos fiscales, un sistema que los tecnoburócratas mexicanos no han dudado en llamar “populista”. Si esta proposición es aceptada, entonces resulta claro que un Estado moderno, al decir de Guerrero, sería aquél que asumiera la modernización como uno de los procesos de cambio en torno a una diversidad de “transformaciones, que han encarnado en medidas gubernativas tales como la privatización, la des-regulación y la liberalización (de los mercados)”.[25] La modernización, o la “política moderna”, en palabras del expresidente Carlos Salinas de Gortari, implicaría una solución a la crisis y por lo tanto un remedio general y efectivo a los grandes males de la época actual.

 

       Dicho de otra manera, el neoliberalismo puso en duda el manejo del Estado asistencial o benefactor (Welfare State), denunciándolo como oneroso, centralista e ineficiente y al mismo tiempo responsable del estancamiento económico, así como desestabilizador de las tendencias igualitarias que originalmente planteaba. La intervención estatal tuvo un peso desproporcionado en la economía, haciendo que las decisiones perdieran racionalidad en virtud de los acuerdos políticos que alteraban el funcionamiento del mercado y de la propia gestión gubernamental. Adicionalmente, en México, las políticas intervencionistas adquirieron un fuerte status populista y clientelar, que mantuvo fuertes privilegios en una clase política que se colocó en el poder merced a ello y que, además, propició esquemas de corrupción política y financiera de magnitudes colosales. Sin embargo, el «Estado Benefactor» no es, por sí mismo, la condición necesaria para generar las disfuncionalidades del mercado, pues existen sobradas evidencias empíricas, suficientemente probadas, que demuestran que un Estado así bien puede contribuir al crecimiento y al bienestar económico de la población. Tal es el caso, por ejemplo, de Francia, en donde cerca del 47% del empleo es generado por el sector público, o sea, por el Estado.

 

       Pero, claramente, en el orden de la teoría y frente a la crisis que se desarrollaba con gran rapidez, la intervención estatal en la economía empezó a perder legitimidad, obligando a la búsqueda de nuevos paradigmas, en algunos casos para su inmediata aplicación y en aras de superar las dificultades económicas y también como una respuesta ideológica y emergente, al mismo tiempo que triunfalista, al estatismo y al socialismo real, cuya declinación parecía inminente, sobre todo a partir de las grandes contradicciones que florecían en los países de la esfera soviética. El neoliberalismo fue, así, el paradigma y la respuesta anhelada.

 

       Informa Ornelas[26], que los primeros ensayos neoliberales se produjeron en Chile después de 1973; en Uruguay, después de 1974 y en Argentina, a partir de 1976. Un dato característico de estos casos es que, en todos ellos, los ensayos fueron acometidos por dictaduras militares autoritarias y con muy diversos resultados.[27] En Argentina los resultados aparecen como desastrosos, en Chile, en cambio, los resultados fueron exitosos. Empero, la generalización de las políticas neoliberales, en América Latina y en buena parte de los países desarrollados de Europa, no se da sino hasta la década de los ochenta. El hecho de que hayan sido gobiernos castrenses los impulsores del neoliberalismo en Latinoamérica, deja entrever que el éxito del modelo exige un Estado fuerte en lo político, de modo que sea capaz de lograr, al menos, tres fines:

 

1.    Crear la estructura idónea para su implantación,

2.    impulsar con firmeza la planificación necesaria y,

3.    contener, por medio de la fuerza, los movimientos sociales descontentos y a todos aquéllos que potencialmente pudieran oponérsele.

 

Pero, paradójicamente, el Estado neoliberal debe ser débil en lo económico, sobre todo en términos de su presencia en la economía por medio de la política fiscal, particularmente del gasto público.

 

La política neoliberal se caracteriza por la concurrencia de tres políticas generales, al decir de René Villarreal: a) la apertura, b) la privatización y c) la desregulación.[28] No obstante, el paradigma neoliberal asume otras posiciones en materia de finanzas públicas y de política monetaria, posturas que bien resume Gert Rosenthal de la siguiente manera:

 

“(…) una manifiesta tendencia hacia la liberalización, mayor confianza en las fuerzas del mercado como el principal mecanismo de asignación de recursos, menor intervención de las políticas públicas y mayor coherencia en la formulación de las políticas macroeconómicas. En otras palabras, así como la crisis de los años treinta dio origen a la sustitución de importaciones y a una mayor intervención del sector público, la crisis de los años ochenta marcó el comienzo de un desplazamiento hacia economías más abiertas y orientadas hacia el mercado.”[29]

 

Otros autores, como Manuel Aguilera Verduzco, afirman que, “el esquema neoliberal, denominado también como economía de la oferta, en contraposición a una interpretación parcial de la teoría general (de Keynes), que la caracteriza como un sistema de política económica orientado exclusivamente al análisis de la demanda”, posee varios elementos característicos relacionados con su diseño y aplicación:

 

“Primeramente, la política económica ha procurado mejorar el funcionamiento de los diferentes mercados (financiero, de trabajo y de bienes y servicios), reduciendo y, en algunos casos, eliminando los controles gubernamentales. En segundo término, el diseño de la política económica en este contexto ha reducido el control estatal sobre los recursos económicos y sobre su asignación, at través del proceso de privatización de empresas públicas. En tercer término, la política tributaria se ha orientado fuertemente a impulsar, por medio de reducciones en el pago de impuestos, el proceso privado de ahorro-inversión, entendido causalmente en ese sentido. Y en cuarto lugar, la política neoliberal ha actuado firmemente para tratar de reducir la capacidad negociadora de los sindicatos obreros frente a las empresas”.[30]

 

Por su parte, Perry Anderson considera que, dado que el neoliberalismo buscó prioritariamente contener la inflación de los años setenta, el gobierno de Tatcher, en Inglaterra y los regímenes latinoamericanos, pusieron en marchas medidas tales como las siguientes:[31]

 

1.    Contrajeron la emisión monetaria.

2.    Elevaron las tasas de interés.

3.    Bajaron drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos.

4.    Abolieron los controles sobre los flujos financieros.

5.    Crearon niveles de desempleo masivos.

6.    Aplastaron huelgas.

7.    Impusieron una nueva legislación antisindical.

8.    Cortaron los gastos oficiales.

9.    Tardíamente, se lanzaron a un amplio programa de privatización, comenzando con la vivienda pública, y pasando enseguida a las industrias básicas, como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas, el agua.[32]

 

En América Latina, los programas neoliberales dieron el primer paso reduciendo los gastos gubernamentales, reduciendo el crecimiento de la oferta monetaria, devaluando la moneda nacional y operando una política de liberación de precios, de modo que el mercado se constituyera en el mecanismo principal de asignación de los recursos. Foxley sintetiza el programa neoliberal latinoamericano de la siguiente manera:

 

“La apertura de la economía al comercio internacional y a los flujos de capital, el desarrollo de un sector financiero privado y la drástica disminución de la injerencia del Estado en la economía constituyen elementos fundamentales de los nuevos programas neoliberales en América Latina”.[33] 

 

Cabe aclarar, no obstante, que estas medidas fueron, todas, impuestas por los organismos financieros internacionales, como condición para que los países endeudados y con crisis financieras, pudieran recibir recursos frescos.[34]

 

       El denominado modelo neoliberal, sustentado en el mercado, dio fin a la época de las economías orientadas a lograr el desarrollo económico o de crecimiento «hacia adentro», para dar lugar a modelos en los que, el ajuste estructural, era la condición para insertar a los países subdesarrollados (ahora denominados “economías emergentes”) en la economía mundial.[35] Se trataba, en consecuencia, de un modelo de crecimiento «hacia afuera», cuya finalidad era, al fin de cuentas, permitir el pago de las enormes deudas contraídas por los países latinoamericanos con los grandes centros financieros del primer mundo. El pago de estos compromisos pasó a ser la prioridad de la política económica de nuestros países, sin importar los enormes costos sociales implicados. En realidad, este modelo neoliberal «hacia afuera», más que contribuir al desarrollo de los países subdesarrollados, únicamente les ha permitido obtener los recursos apenas necesarios para poder pagar sus deudas y acrecentar, sin proponérselo, sus relaciones dependentistas con respecto a las grandes metrópolis financieras del mundo, ahora con una nueva configuración, dados los inéditos términos del actual orden económico mundial.

 

2.2. La dinámica funcional del modelo neoliberal

 

Los teóricos de la economía ponen en duda el epíteto que el neoliberalismo recibe en el sentido de ser “un modelo”. En efecto, el término “modelo” se ha popularizado bastante dentro del contexto del lenguaje económico, particularmente desde la óptica de los analistas que sirven al gran público lector de los emergentes medios de comunicación especializados en asuntos financieros y económicos. La expresión pasó ya al dominio popular y ahora parece que ya nadie duda que el conjunto de medidas económicas aplicadas por los gobiernos mexicanos del los últimos sexenios, sin importar su denominación técnica, recibe el nombre de “modelo neoliberal”. No es la intención aquí dilucidar la naturaleza del neoliberalismo en términos de si cumple o no con los elementos epistémicos o meramente técnicos que coadyuvarían a legitimar su membrete de “modelo”. En realidad y en todo caso, el neoliberalismo no es más que la puesta en práctica de los principios esenciales y básicos del capitalismo, considerado éste como un modo de producción y como el estilo de vida social, económica y política de las denominadas «democracias liberales».

 

Sin embargo, las bases ideológicas del capitalismo están sustentadas en el liberalismo en sus dos vertientes: el «liberalismo político» y el «liberalismo económico». Éste último, funciona de conformidad con su tesis fundamental: laissez faire, laissez passer. El primer término significa «libertad de hacer» o de fabricar, y el segundo, libertad de pasar, o sea, de comerciar. Estas dos libertades definen la naturaleza abierta y libre del mercado, de modo que efectivamente pueda funcionar como el “supremo organizador” de la producción y de la distribución de los recursos sociales.[36] Así, el llamado modelo neoliberal, no es más que el capitalismo puro y simple que quizás con mayor mesura debería denominarse «economía de mercado». El neoliberalismo así entendido se propone, mediante el funcionamiento del libre mercado, alcanzar la máxima eficiencia productiva y distributiva de los bienes y servicios de las economías.

 

 

Fundamentos filosóficos y políticos del liberalismo

 

La base filosófica del neoliberalismo económico es una consecuencia de los principios del liberalismo político clásico, los cuales se encuentran completamente resumidos en el artículo 1^º de la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano» de 1789, que dice:

 

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Aquí, las palabras «libertad» e «igualdad» representan la esencia de la ideología liberal, la cual es profundamente individualista y basada en la búsqueda del interés personal, “que ella afirma es el mejor medio de realizar el interés general”.[37]

 

Para los liberales, libertad e igualdad, no son términos abstractos de perfecto acomodo en el discurso retórico, sino que corresponden justamente a estructuras sociales concretas y precisas, con las que los liberales sustituyeron el orden monárquico y aristocrático del Antiguo Régimen, que precisamente la Revolución Francesa vino a destruir.

 

       Decir que los hombres nacen iguales es lo mismo que decir que nadie puede beneficiarse por herencia de derechos o de privilegios que lo coloquen por encima de los demás. Si todos los hombres son iguales, entonces ninguna autoridad exterior a ellos puede imponerles obediencia, puesto que esa autoridad no existe. En consecuencia, el poder no puede basarse más que en el acuerdo de los miembros de la sociedad. Por lo tanto, nadie puede ejercer el poder, más que con el consentimiento de los ciudadanos, los cuales delegan en alguien el derecho de mandarlos, mediante los sistemas electoral y de representación. Por cuanto se refiere a la libertad, ésta significa que cada hombre puede pensar, expresarse y actuar como él quiera, y la libertad de los otros es el único límite de la libertad de cada uno.

 

       Estos principios son la base del liberalismo económico, de factura netamente individualista; empero, más que la libertad misma, es la propiedad privada la que se proclama de modo incluso más que solemne. En efecto, la misma «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano», en su artículo 17, declara a la propiedad privada como “inviolable y sagrada”, de donde se deduce la gran importancia que le conceden los liberales, y de donde se obtiene la justificación ideológica del capitalismo como sistema económico y político de organización de la sociedad. Junto con el régimen de propiedad privada, emergen otras deidades del capitalismo: la libertad de empresa y la libertad de cambios. Así, el aspecto económico y el político, se complementan y se interrelacionan al grado de no poder existir el uno sin el otro. El capitalismo, de aspiración puritana y calvinista, sólo puede funcionar en el marco de democracias liberales, en las que conviven los mercados económico y político en el marco de protección que les da el «Estado de Derecho»; esto es, así como existen el plebiscito de consumidores, existen las elecciones, las que funcionan como un plebiscito con «sufragio censatario».[38] En las democracias liberales y capitalistas avanzadas, surgirá luego el concepto de «voto financiero» y de manera más perfeccionada, la choice public. Todo esto, además, sólo será posible en el marco de un Estado de Derecho por definición liberal.

 

       El libre mercado, ya movido por el egoísmo utilitarista[39] pregonado desde el siglo XVIII, o ya motivado simplemente por la utilidad[40], señalada en el liberalismo como la base de la vida social y como principio supremo de la moral, si se hace funcionar sin absolutamente ninguna interferencia o restricciones, será capaz de garantizar, por sí sólo, la eficiencia óptima en la asignación de los recursos y en el crecimiento con pleno empleo a largo plazo, tanto como la plena realización de los intereses personales de cada uno de los integrantes del conglomerado social.[41] En efecto, el libre juego de las fuerzas del mercado, constituye la garantía plena del equilibrio y del pleno empleo; consecuentemente, la intervención del Estado sólo alteraría el funcionamiento del mecanismo de fijación de los precios, distorsionaría igualmente la aplicación de recursos, haciéndola ineficiente y costosa, tanto en términos sociales como políticos. Sin embargo, en los países latinoamericanos, la evidencia empírica demuestra todo lo contrario, pues pese a las virtudes teóricas del neoliberalismo, el mercado expresa dos defectos definitivos:

 

1.   Es miope, es decir, su mirada es de corto plazo e incapaz de advertir los detalles que constituyen el conjunto del sistema social y económico;

2.   Además, es socialmente insensible, pues los gobernantes aplicadores de las políticas de libre mercado pasan, de políticos, a meros administradores del mercado, asumiendo una conducta gerencial que, por su propia naturaleza, enfatiza los rendimientos y olvida los aspectos sociales.

 

Así, para los pensadores liberales de antaño, y para los de hogaño, el Estado queda limitado, en su quehacer, a cumplir exclusivamente con las funciones de garantizar la seguridad nacional y la paz interna. Para Adam Smith, el sistema de libertad natural hace que el soberano sólo deba atender tres obligaciones:

 

1)  Proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes;

2)  proteger hasta donde eso es posible, a cada uno de los miembros de la sociedad de la injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de la misma mediante una exacta administración de la justicia y,

3)  realizar y conservar determinadas obras públicas, cuya realización y mantenimiento no pueden ser nunca de interés de los particulares, puesto que el beneficio de las mismas no podría nunca reembolsar de su gasto a ningún individuo particular.[42]

 

Así, el Estado neoliberal deja de ser protagonista de la actividad económica y pasa a ser un mero espectador, muchas veces complaciente, de los efectos implícitos del proceso de acumulación del capital, tales como la pobreza, la marginación y la miseria. La política fiscal y financiera neoliberal es, por definición, pasiva y restrictiva, lo que conduce a una praxis gubernamental que privilegia, por un lado, la desregulación con la finalidad de reducir todos aquellos obstáculos económicos y, por otro, la gradual privatización de la economía generada por el sector público. En una postura radical de la economía de mercado, las empresas públicas carecen de un lugar propio en el sistema.

 

       Para los economistas partidarios de las políticas neoclásicas, es decir, neoliberales, las finanzas públicas deben ser manejadas con una óptica acorde con la naturaleza del Estado mínimo, de modo que los presupuestos públicos, lejos de ser un factor de intervención para redistribuir los recursos sociales, pasen a ser un elemento de ajuste que dispense las mejores condiciones para el funcionamiento de la oferta y la demanda. De esta manera, tanto la política fiscal como la monetaria, se constituyen en artífices del control de la inflación. Este fenómeno, por otra parte, es considerado como un fenómeno básicamente monetario. En efecto, para Milton y Rose Friedman, la inflación es una suerte de enfermedad fatal que lo mismo ataca a países de régimen socialista que capitalista, desarrollados que subdesarrollados, y que se halla relacionado con la impresión de billetes, por lo que se trata de un fenómeno esencialmente monetario, un fenómeno que en sí mismo contiene las causas y las soluciones del problema.

 

       Friedman cree ver la causa de la inflación en un más rápido aumento de dinero que de bienes y servicios en el sistema económico:

 

“Cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta. Probablemente no existe en economía una proposición tan bien establecida como ésta”.[43]

 

La propuesta argumental del monetarismo friedmaniano parece evidente:

 

“Del mismo modo que un aumento excesivo en la cantidad de dinero es la única causa importante de la inflación, la reducción de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es el único remedio para eliminarla”.[44]

 

En el mismo orden de ideas, es posible advertir el sentido que las políticas financiera pública y fiscal adquieren en el diseño de los gobiernos neoliberales y que se materializan en el ámbito presupuestal. Se trata, por supuesto, de una filosofía de diseño en la que la orientación humana y social se encuentran ausentes, pues resulta evidente que el mercado viene efectivamente a sustituir a la sociedad.  En este sentido, es claro que un excesivo gasto gubernamental, medido en un déficit público como porcentaje del producto interno bruto de una economía, y justificado en aras de contribuir a la ocupación plena, es el origen de la inflación, pues el gobierno para financiar el déficit debe o bien endeudarse, o bien emitir mayor circulante. Consecuentemente, una de las políticas gubernamentales propias de la ortodoxia monetarista es, justamente, mantener presupuestos equilibrados, sin importar que el Estado deje de atender a los cada vez mayores sectores de la sociedad, lo cuales quedan marginados de los beneficios de la economía de mercado, la que en su afán de acumular capital, no hace sino agrandar la brecha entre los ricos y los pobres, anulando así la equitativa distribución de las oportunidades de progreso entre los ciudadanos.[45]

 

       La filosofía subyacente en la economía neoclásica es el darvinismo social, en el sentido de que el mercado coloca a cada quién en el lugar que le corresponde en el “banquete de la vida”; en la vida triunfa y sobrevive quién mejores dotes tiene; fracasa y desaparece quien menos habilitado se halla para sobreponerse a los embates de las fuerzas del mercado. Esto opera lo mismo para los individuos, -vistos llanamente como “consumidores”-, que para las empresas, concebidos ahora, unos y otras, como simples “agentes de la economía”. En consecuencia, ninguna necesidad hay de que el presupuesto público sea óptimo, puesto que los gastos g