LA ÉTICA EN LAS ALIANZAS ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS

 

 

Cuauhtémoc Molina García[1]

 

 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

 

En principio, habrá que afirmar que todo debate acerca de asuntos de naturaleza política es, por su propia naturaleza, controversial. Desde mi punto de vista, la controversia nace de dos fuentes: una fuente es de carácter ideológico y la otra de categoría política. La controversia ideológica es una consecuencia de las posturas que los individuos adoptan en razón de su particular perspectiva de la historia, los conflictos del poder y los de clase social, entre otros. Es así como las ideologías se convierten en una particular visión del mundo y los sujetos que las sustentan se abrazan en colectividad a otros sujetos que las comparten. La noción misma de «partido político» parece abonar esta idea, la idea de una partición de la sociedad entre quienes ven las cosas sociales de un modo y entre quienes las ven de otro. La diferencia entre las perspectivas ideológicas de la historia y de la sociedad constituyen el sustento y la justificación de las ofertas políticas de los partidos, las cuáles se entienden igualmente diferentes en razón de las disímiles visiones del mundo que sustentan y de las cuestiones sociales propiamente dichas.

 

Por su parte, la disputa política se origina en la naturaleza de las adhesiones de los actores políticos a los intereses de las clase sociales dominantes, es decir, a las estructuras del poder. Independientemente de sus ideologías, los individuos, en la procura y mantenimiento del poder, pueden o no ser respetuosos o fieles observantes del patrocinio ideológico de sus respectivos partidos. Dicha fidelidad es ciertamente un asunto de congruencia y en cierta forma de eticidad. Sin embargo, hay otros ángulos del quehacer político en los cuales es preciso identificar las fuentes de la eticidad.

 

Un ángulo particularmente importante es el que se refiere a las alianzas entre partidos de cara a una contienda electoral, asunto que en todo caso es particularmente diferente cuando tales alianzas ocurren en tiempos no electorales. Ciertamente no es éste el único recodo de la ética en la vida política, pero es el tema de esta reunión.

 

Será necesario, entonces, abordar el sentido ético de tales alianzas, si es que la vorágine de la vida y del pensamiento de los políticos contempla y admite en sus quehaceres cotidianos la valoración deontológica. En el ánimo de no ser pesimistas y de pretender ir un poco en contra de la historia y de las evidencias que ésta nos evoca, habrá que admitir que sujetos como Maquiavelo o Fouché, tuvieron en sus haberes alguna dosis de reflexión y de conducta ética aún sus momentos más difíciles durante el ejercicio del poder. No admitirlo sería abonar el escepticismo y caminar en el sentido del nihilismo político. Y no son estos tiempos de amoralidades, aunque de hecho ocurran.

 

 

II. ¿EXISTE UN MERCADO NO ECONÓMICO?

 

La tesis es que si existen mercados en un sentido ampliado, en un sentido extendido que trasciende lo económico y meramente cambiario o mercantil. Refiero aquí un mercado que no necesariamente queda instalado en la noción de compra y de consumo de bienes mercantiles. Empero, habrá que hacer algunas consideraciones pertinentes al respecto.

 

Son estos tiempos en los que la palabra «mercado» alerta a muchos pensadores. El liberalismo económico, y particularmente eso que los medios, los editorialistas y los intelectuales denominan «neoliberalismo», ha satanizado la palabra “mercado”. Hoy en día, asumir que el mercado constituye una cotidianeidad que trasciende lo meramente económico y mercantil, sugiere que quienes postulan el concepto necesariamente deben ubicarse en las filas de dicha doctrina, la liberal, y en todas sus consecuencias. Pero la noción de mercado es más que meramente mercantilista y afirmo aquí que desde una perspectiva ampliada y no reduccionista, el concepto de mercado asume aquí categorías más diversas y extendidas.

 

De esta manera, es preciso asentar que un mercado existe dondequiera que alguien ofrece algo de valor y, en consecuencia, existen otros agentes sociales –no necesariamente “económicos”-, dispuestos a demandar tales objetos de valor. Claramente, la ampliación de la noción de mercado surge de la naturaleza de los objetos intercambiados, y no de la condición de existencia de “oferentes” y de “demandantes”. Esto es, no todo lo que es objeto de «intercambio» en un mercado es necesariamente de carácter mercantil, pues de hecho existen otros bienes que, si bien son susceptibles de expresarse monetariamente, no necesariamente constituyen en principio objetos de mercantilización. 

 

Por ejemplo, en Xalapa hasta hace unos 10 años no existía diversidad de oferentes de bienes de información y de comunicación periodística impresa. Tampoco existía tal diversidad en medios auditivos o televisivos. Prevalecía únicamente una empresa en este mercado y, por su parte, tampoco se hallaban lectores con necesidades y expectativas diversificadas de lectura y de exposición a dichos medios. El mercado de bienes de información en Xalapa, hoy en día, se encuentra bastante diversificado y existen no solo varios oferentes, sino que además los lectores son ahora más exigentes, más críticos y asumen roles más activos. Han surgido, en consecuencia, más analistas y editorialistas y más “comunicadores” que desde la prensa y otros medios cuestionan la realidad social y el ejercicio del poder público. El mercado de la información, independientemente de su valor económico, es hoy diferente al de hace apenas unos años. Pero los lectores pueden hoy en día canalizar sus preferencias de lectura y exposición de forma ciertamente diferencial. La objetividad, la credibilidad y el compromiso con la verdad de los medios es lo que finalmente conduce a orientar las preferencias de los lectores, auditores y videntes de medios.

 

En el mismo sentido, la Universidad Veracruzana constituía la única fuente de ofrecimiento de programas académicos en Xalapa, la región y el resto del Estado. Actualmente ya no es la única, pues existen muchas instituciones ofreciendo programas de licenciatura, maestría y doctorado. En la misma forma, del lado de la demanda, los ciudadanos cuentan hoy con mayores exigencias y pretensiones y tienen la oportunidad, en cierta forma acotada por los costos, pero finalmente la oportunidad, de preferir entre diversas opciones. Los académicos por su parte tienen también la opción de ser demandados por dichas instituciones y de elegir aquéllas en las cuales podrían prestar sus servicios. Existe por lo tanto una suerte de mercado académico en el cual los equilibrios están representados por los consensos entre aspirantes a programas académicos y oferentes. La calidad y el rigor de los mismos es quien establece las preferencias.

 

Otro caso es de las religiones. En la actualidad los ciudadanos creyentes tienen mayores y probablemente mejores opciones para satisfacer sus necesidades espirituales y canalizar sus inquietudes fídicas. Los creyentes que deciden opciones no convencionales son más crípticos, audaces y a la vez conscientes. El monopolio de la verdad religiosa en México parece haber llegado a su fin, si bien es cierto que aún es dominante. Pero en todo caso, es un hecho que existen hoy en día instituciones oferentes diversas en el campo religioso y espiritual, y con ellas sujetos expectativados de modo igualmente diferente. Unas instituciones ofrecen y las personas demandan, seleccionan, prefieren y finalmente eligen. Tienen opciones, poseen libertad y por lo mismo son libres. Hay entonces un mercado, existe la posibilidad de ofrecer y elegir bienes de espiritualidad. La organización que más fieles adhiere a su causa es aquélla que mejor satisface las expectativas de espiritualidad de los prospectos.

 

Por su parte, los escenarios de la actividad política no constituyen un caso ni aislado ni diferente. México, antes de 1988, constituía un país monopartidista y el partido dominante era, analógicamente, un auténtico monopolio, pues los ciudadanos, independientemente de su escaso interés en la actividad política, carecían de opciones y  por lo mismo de libertad. Sin embargo, la sociedad ha cambiado y el perfil del país también. A la sazón, existen en México una diversidad de partidos que no constituyen precisamente una significativa pluralidad ideológica en la misma proporción. Pero al menos tres de ellos señalan, por sus orígenes e idearios, lo que suponemos son tres opciones marcadamente diferentes que nos permiten elegir y señalar, en teoría, el rumbo gubernamental de las medidas políticas y sociales. Si existen opciones partidistas desiguales, ello se debe a que también existen ciudadanos con expectativas diferenciadas de solución a sus problemas y conflictos sociales y, si esto es así, entonces existe un mercado político, un mercado que se antoja ciertamente complejo y en muchos sentidos contradictorio y de difícil lectura. En el mercado político los ciudadanos se adhieren o expresan sus votos a aquéllos partidos que mejor se ajustan a sus preferencias ideológicas y políticas, porque creen que de esa manera obtendrán beneficios sociales.

 

 

III. EL MERCADO POLÍTICO

 

Los partidos políticos, en función de sus posturas ideológicas y de sus intereses políticos, representan una oferta de soluciones a los conflictos y carencias en forma de políticas públicas; tales “ofertas” tendrán éxito electoral sólo si son capaces de ceñirse a las demandas, exigencias y expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, es de reconocerse que las posturas ideológicas y las propiamente políticas –los intereses de clase social-, obedecen también a los mandatos de las coyunturas, pero en todo caso constituyen ofrecimientos diferenciados, tan diferenciados que los ciudadanos son capaces de distinguirlas y votar en consecuencia –es decir, elegir-. Es de admitirse que si los votantes no son capaces de distinguir entre la diversidad real o aparente de ofertas políticas, entonces tampoco podrán elegir, pues todas, o al menos algunas de dichas opciones, les perecerán tan iguales que seguramente las confundirán y no serán capaces de elegir.

 

La única manera en que un sujeto es capaz de elegir entre varias opciones es aquélla en la que tal persona es también competente para poder distinguir la naturaleza y los contenidos de las opciones a las que se expone. Y esto es de crucial importancia puesto que en una democracia liberal en ciernes como la mexicana, el ciudadano es visto al menos de dos maneras. En primer término el ciudadano es un votante y, en segundo lugar, el ciudadano es un contribuyente.

 

En México esta perspectiva del ciudadano es, en cierta forma, emergente y de reciente cuño, pues bajo el sistema político priísta recientemente derrotado, los ciudadanos poco significaban, en los hechos, en los procesos de toma de decisiones y su relevancia electoral era prácticamente nula. De esta manera, y bajo la perspectiva teórica que aquí propongo, probablemente no novedosa, el ciudadano de pronto adquiere su real y absoluta dimensión al conseguir la importancia que de pronto consigue al tener clara conciencia de ser un sujeto activo del proceso y al asumirse frontal y cabalmente como un sujeto capaz de elegir y de contribuir fiscalmente al sostenimiento de las estructuras del poder público.

 

Es decir, el ciudadano es ahora un votante y a la vez un contribuyente, y este doble papel, una vez asumido conscientemente, le permite adjudicarse un rol inédito en la vida política de México, pues en una elección pública, el ciudadano en realidad “contrata” a sus funcionarios y administradores públicos, así como a sus representantes parlamentarios, y al momento de contratarlos parece también decirles:

 

“....y yo te voy a pagar tus honorarios, y también te voy a proporcionar los recursos financieros para que seas capaz de generar soluciones”.

 

De esta manera, el mandato que un partido, un político, un administrador público o funcionario adquiere por medio del voto selectivo del ciudadano, le otorga legitimidad y consigue de esa manera gobernabilidad, lo cual significa también un claro compromiso ahora con la sociedad (el conjunto de ciudadanos), la cual estará en condiciones de exigirle cumplimientos, premiarle en la próxima elección o bien castigarle electoralmente, cambiando de proveedor político. Antaño el compromiso bien podría canalizarse de modo preferente hacia las estructuras del poder únicamente. Ahora dicho débito es dual y camina en dos sentidos: las élites y el ciudadano.

 

Precisando la tesis:

 

1.      Es preciso ubicar el nuevo papel de los partidos políticos como proveedores de bienes y servicios de interés social, antes que como exclusivo proveedor de candidatos. Tales bienes adquieren la modalidad de posturas ideológicas, políticas públicas, soluciones a conflictos, desequilibrios y exigencias de los grupos sociales.

2.      Los partidos políticos también ofrecen recursos humanos, personas y personalidades, líderes, administradores y funcionarios públicos, representantes populares, entre otros, que abanderan o dicen abanderar las causas de sus partidos.

3.      Tales causas, para ser significativas a los ojos del ciudadano, precisa que sean diferentes entre sí, pues de lo contrario, al ser iguales, le serán “indiferentes” y en este caso la elección no existe en realidad, pues simplemente carece de sentido.

4.      El ciudadano, en una elección pública, elige en realidad dos veces. La primera elección es institucional y se refiere a la elección del proveedor político, o sea, del partido. En un segundo momento, el ciudadano elige y sufraga de entre diversas opciones y lo hace en las urnas. Se trata ya de una elección personal, pero de una elección que por ser personal no invalida ni cancela la elección previa, pues antes de votar por equis persona se supone que en realidad seleccionó al proveedor político.

5.      Es preciso anotar que considero que, si el ciudadano, como ahora se dice, “vota por personas y no por partidos”, entonces la existencia de los partidos no tiene ya ninguna razón de ser, y el problema de la eticidad hay que trasladarlo a si se justifican o no los enormes recursos financieros que los partidos devoran, especialmente durante tiempos electorales.

6.      Al momento de sufragar el ciudadano contrata a sus funcionarios, administradores y representantes públicos; pero además de contratarlos se compromete a financiar fiscalmente sus emolumentos y los recursos necesarios para que a través del gasto publico, los llegados al poder puedan cumplir con los mandatos constitucionales y con sus ofertas prometidas.

 

Una elección pública constituye no solamente un acto estrictamente político en el sentido convencional del término; es también un acto financiero público, es decir, constituye un fenómeno de finanzas públicas, puesto que no existe ningún acto de gobierno prometido u ofertado por los proveedores y sus agentes (los candidatos convertidos y sujetos de poder). Es evidente que es a través del presupuesto público, financiado por los ciudadanos, cómo se va a poder canalizar la política de gasto público necesaria para que el Estado y la élite en el poder sean capaces de satisfacer las expectativas de los ciudadanos.

 

Si los actores del poder público (gobernantes y congresistas) cumplen satisfactoriamente con las expectativas de los votantes y contribuyentes, entonces es posible que éstos les vuelvan a contratar en la próxima elección. De lo contrario, elegirán candidatos de otros proveedores políticos y les castigarán en las urnas. Este es el juego de la democracia, y este juego ocurre en el ámbito de un mercado, ya sea que el término guste o no.

 

 

IV. CONCLUSIONES

 

Si se entiende a cabalidad el rol emergente del ciudadano, visto como elector y como contribuyente, es claro que tanto los partidos como los políticos mismos deberán ahora orientarse a sus expectativas, necesidades y deseos, si es que desean mantener competitividad electoral. El sujeto decisor por excelencia es ahora el ciudadano, y es a éste a quien los partidos y los políticos deben canalizar sus esfuerzos para comprenderlo, entenderlo, valorarlo y trazar sus diseños estratégicos y de oferta política en función de ellos.

 

Pero el ciudadano, para poder elegir y seleccionar al proveedor político, sus ofertas y candidatos, debe ser capaz de distinguir entre las diversas opciones que tiene en el espectro. Si no es capaz de distinguirlas se debe a que o bien carece de información, educación y cultura políticas, o a que los partidos son tan iguales entre si que no tienen razón de ser ante los ojos del elector. Entonces los partidos políticos están obligados estratégicamente a diferenciarse para poder conseguir posiciones preferentes en las mentes de las personas.

 

El problema es que los partidos y los actores del poder, al menos en el pasado reciente de México, han parecido tener muy clara la tesis paradigmática de que los partidos son y existen únicamente para procurar y mantener el poder político y esta es la voz de la sabiduría popular de la política y de la “clase política mexicana”. Pero, si este fuera el caso, entonces los ciudadanos no tenemos nada que hacer en el escenario electoral. La verdad, sin embargo, es que los partidos están, en principio, para conseguir la preferencia de sus electores y tales preferencias son necesariamente selectivas. Esto quiere decir que si las opciones partidistas aparecen en la percepción del votante como iguales, entonces tendremos dos consecuencias lógicas:

 

1.      Los ciudadanos no se verán motivados a elegir, seleccionar y sufragar, porque les parecerá indiferente hacerlo por uno o por otro, puesto que si se “elige” entre dos opciones exactamente iguales, entonces la elección es ficticia. Tal vez jurídicamente válida o políticamente posible, pero para el ciudadano es una elección inexistente: es una farsa.

2.      Los partidos políticos que parecen iguales ante los ojos del ciudadano no tienen razón de ser. Son también un sainete. No importan aquí los discursos ni la retórica de los políticos, pues lo único relevante es la percepción de los ciudadanos, pues son ellos los que eligen y los que sufragan.

 

Es posible, no obstante, hacer una acotación: si los ciudadanos (la sociedad) muestran signos notables de agotamiento frente a las clases en el poder, por ineficiencia, corrupción o simple fastidio, entonces es posible que decidan cambiar sus empleados públicos. Empero, será necesario que los partidos expresen una significativa sensibilidad paral captar el estado de ánimo de disgusto social. Esto pareció ocurrir el 2 de julio del 2000.

 

En este caso, un “¡Ya basta!” puede convertirse en bandera y en causa de dos o más partidos e iniciar una lucha por “el cambio”. Pero aún en este caso es posible discutir la eticidad de las fusiones o de las alianzas, sobre todo si éstas se piensan únicamente en función de la congruencia personal de los sujetos y de la afinidad de las ideologías, por un lado, y por otro, en términos de una posible inmoralidad cuando la meta es únicamente la conquista del poder.

 

Durante los años del salinato, dos partidos, otrora opuestos, (PAN y PRI) asumieron un parentesco de actitud y de conducta en el Congreso verdaderamente inusitado, al mismo tiempo que inverosímil. Fue como ver a yorkinos y escoceses, a liberales y a conservadores (en el sentido mexicano de los términos) dándose la mano. El nacionalismo revolucionario y la extrema derecha mexicana, clerical y conservadora, en suculento apretón de manos. Son, por supuesto y al fin y al cabo, los negocios del poder, pero ¿y la perspectiva del ciudadano? ¿puede existir compromiso ético, aún en sentido político, cuando dos tendencias históricamente opuestas se unen solo para lograr el poder o bien para abatir al contrincante? ¿existe eticidad cuando lo único que se busca es satisfacer las expectativas de las élites? ¿dónde queda el elector que originalmente canalizó su voto de modo selectivo y preferencial?

 

En la realidad política mexicana, refiriéndome al espectro de opciones «reales» para la selección, elección y sufragio, las alternativas altamente diferenciadas para el elector son prácticamente tres, pues las restantes son tan confusas entre si, que es muy difícil que el ciudadano común y corriente, el hombre y la mujer citadinas, logren efectivamente distinguirlas y consecuentemente preferirlas. Con todo, y en los hechos, durante el salinismo el PRI se pareció tanto al PAN que incluso hizo suyas propuestas y políticas públicas que fueron en otros tiempos duramente combatidas. Durante ese período, el PRD asumió el papel del PRI. ¿Cuál fue entonces la eticidad de PRI y del PAN? ¿Y cuál es la eticidad de los restantes partidos, tan iguales entre si? ¿Cómo se justifican electoralmente?

 

 

 

 

 

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[1] Académico de Carrera tiempo completo, Facultad de Contaduría y Administración, U.V. Campus  Xalapa.  Marzo 16 de 2001.  E-mail: laemolina@hotmail.com